En sus recursos, a los que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de los exconsejeros reclaman a la Audiencia el archivo de la causa al entender que no existe "indicio racional alguno" contra ellos, y en el caso de Martínez Aguayo llega a calificar de "grosera" la imputación realizada por el magistrado en el auto en el que procesa a 26 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El abogado de Vallejo, José Manuel García-Quílez, afirma que "el único vínculo" de su patrocinado con el procedimiento específico es su participación como miembro nato del Consejo Rector del IFA-IDEA, por lo que la actuación sometida a investigación judicial respecto a Vallejo "debe abordarse desde la perspectiva que tuvo en tanto que miembro" de dicho Consejo Rector, "sin que, por cierto, se olvide que dicho órgano contó con la asistencia técnica constante de un letrado y un secretario que nunca advirtieron la existencia de irregularidad alguna".
Al hilo de ello, el letrado analiza a continuación la "inexistencia" de indicios que "permitan sostener" las afirmaciones del auto referidas al exconsejero y asevera que "no pudo aprobar modificación presupuestaria alguna relativa al programa 31L, puesto que dicho programa lo era del presupuesto de la Consejería de Empleo, no de la Consejería de Innovación".
Además, y según sostiene el abogado en este recurso consultado por Europa Press, "su participación en los anteproyectos de presupuestos era inexistente, tratándose de una cuestión eminentemente técnica", a lo que agrega que "difícilmente podría pensarse en irregularidad alguna desde la perspectiva de mi representado como presidente no ejecutivo de la agencia IDEA".
"Del contenido del auto recurrido y las copiosas diligencias de instrucción de que se compone la causa, no cabe inferir indicio alguno que permita afirmar" que Vallejo "tuviera conocimiento respecto del proceso de concesión de ayudas y subvenciones que se llevaba a cabo" por la Consejería de Empleo, ya que IFA/IDEA "actuaba como mera caja pagadora de las mencionadas subvenciones" y su cliente, "como el resto de consejeros de IFA/IDEA, carecía de conocimiento alguno respecto de la forma en que se gestionaban tales ayudas y subvenciones".
Tras precisar que su cliente era consejero de Salud "cuando se firmó el famoso convenio de 17 de julio entre el IFA y el viceconsejero de Empleo", dice que "era imposible que conociera no ya la existencia de irregularidades en el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones, sino el procedimiento mismo, competencia de la Consejería de Empleo, completamente ajena" a Francisco Vallejo.
"LIVIANAS SOSPECHAS"
De igual modo, el letrado lamenta que el juez acusa a Vallejo "de observar conductas omisivas sin el más leve indicio fáctico que permita aquilatar --si quiera mínimamente-- dichas omisiones" y defiende que el exconsejero "nunca conoció" los informes de la Intervención General de la Junta donde se alertaba de irregularidades, "por lo que es imposible que pudiera haberlos hecho llegar al resto de miembros del Consejo Rector".
En esta línea, subraya que Vallejo "no tuvo acceso" al informe de la Intervención de 2005 donde se "señalaban las presuntas deficiencias e irregularidades del procedimiento que se estaba empleando para la concesión y tramitación de ayudas y subvenciones", por lo que concluye que el juez le ha procesado en base a "una pléyade de vagas indicaciones y livianas sospechas que carecen de sostén fáctico alguno".
De su lado, el abogado de Martínez Aguayo, en un recurso consultado por Europa Press, defiende que los hechos imputados a su patrocinada "no son subsumibles en un delito de prevaricación ni de malversación".
El letrado, Víctor Moreno Catena, pone de manifiesto que Martínez Aguayo "no adoptó ninguna resolución de carácter decisorio durante su mandato" de viceconsejera de Hacienda, mientras que como consejera del ramo "tampoco se puede atribuir la emisión de una resolución manifiesta, clamorosa y evidentemente ilegal en relación con la modificación presupuestaria aprobada".
"SALTO LÓGICO IMPOSIBLE"
Respecto al delito de malversación, el abogado critica que "la imputación efectuada es aún más grosera, sobre todo en la vertiente meramente omisiva que señala el instructor", pues "hay que tener en cuenta que, aunque a meros efectos dialécticos se admitiese que mi representada conoció el informe adicional de 2005 --lo que ella ha negado en reiteradas ocasiones--, el instructor efectúa un salto lógico imposible al presumir que el mero conocimiento de la inadecuación de las transferencias suponía conocer que se estaban otorgando ayudas con destino al lucro ilícito de terceras personas".
A su juicio, el auto recurrido "no se refiere a un solo indicio en el que amparar el presunto conocimiento sobre el beneficio ilícito de terceros que se le atribuye", por lo que solicita igualmente el archivo definitivo de las actuaciones respecto a la exconsejera.