Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, Almendro Flores ha dicho que ella y su equipo son funcionarios y que, como tal, cumplieron "en todo momento con las funciones encomendadas de control y seguimiento. "Se ha hecho conforme a la normativa vigente", ha subrayado la exjefa de servicio.
La funcionaria ha explicado que durante su periodo al frente del puesto se impartieron más de 10.500 cursos y se formó a más de 170.000 alumnos. No obstante, no ha podido dar cifras sobre los importes invertidos al no estar actualmente en el ámbito de la formación para el empleo.
La exjefa de servicio ha defendido que la gestión de las subvenciones que realizaba su servicio estaban sometidas a fiscalización previa por parte de la Intervención. Además de esa fiscalización, el órgano gestor fue sometido a numerosos controles financieros que "en su inmensa mayoría fueron favorables", ha dicho.
Además, ha detallado en el año 2012, dada la condición de agencia administrativa especial del Servicio Andaluz de Empleo --en el que se incardinaba el servicio de formación para empleo-- la gestión pasa a estar sometida al control financiero permanente y en ese año, "los controles financieros a los documentos de justificación de acciones formativos en Málaga fueron todos favorables, sin observaciones en la justificación de esas subvenciones", ha insistido la funcionaria.
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