En declaraciones a los periodistas tras haber declarado como imputada por el 9N, Rigau ha precisado que no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía por haber "cambiado" de criterio respecto a la consulya, ya que primero no apreció ningún delito pero luego sí lo apreció
"Cumplí con un mandato del Parlament; de mi parlament", y ha asegurado que no se dio órdenes a los directores de los colegios para abrir los centros como puntos de votación, sino que sólo se les informó de que podían ceder el espacio.
La consellera ha justificado que no pararon la consulta porque no sabían exactamente qué preparativos ordenaba suspender el Tribunal Constitucional (TC).
Según han explicado fuentes judiciales, en una declaración de poco más de una hora la consellera ha explicado que ella no recibió la comunicación del TC, sino el presidente de la Generalitat el 6 de septiembre de 2014, pero no la consideraron una orden taxativa, con lo que siguieron adelante, y además presentaron un recurso de súplica preguntando qué se debía suspender en concreto.
La consellera sí ha reconocido que se utilizaron ordenadores nuevos para la consulta, pero ha negado que se compraran expresamente para el 9N, sino que eran para uso docente de los centros educativos y que sólo se usaron "puntualmente".
Antes de comenzar el interrogatorio, la consellera ha pedido al tribunal intervenir y ha manifestado que no entendía estar imputada por unos hechos tan graves alegando a que sólo accedió a que la gente pudiera votar, y ha dicho no ser consciente de haber cometido un delito de desobediencia --por lo que está imputada--, y mucho menos de prevaricación y malversación --delitos que podrían estar ligados--.
Fuentes de la defensas han explicado que prevén presentar ante el TSJC un escrito pidiendo el archivo del caso, aunque no lo harán hasta la próxima semana ya que esperarán a que se celebren los interrogatorios a Mas, Rigau y Ortega y a varios testigos que están pendientes.
El abogado Miquel Roca --uno de los letrados de la Infanta Cristina en el caso Nóos-- ha estado presente en la declaración de Rigau aunque no ha intervenido, y lo ha hecho por su amistad con la consellera y porque su despacho trabaja conjuntamente con el de Molins & Silva, que lleva el caso, han explicado fuentes de la defensa.
La consejera de Enseñanza, que ha abierto la ronda de declaraciones, ha llegado flanqueda por una amplia representación del Govern. Junto a ella hemos visto, además de Homs a Ferran Mascarell, Boi Ruiz y Neus Munté. Más de un centenar de personas han acompañado a la consejera en los útlimos metros hacia el tribunal.
Entre los presentes en la movilización, convocada por las entidades soberanistas ANC, Òmnium, AMI y ACM, contra las imputaciones del 9N ante el TSJC también estaban los cabeza de lista de Junts pel Sí por Barcelona, Tarragona y Girona, Raül Romeva, Germà Bel y Lluís Llach, así como el número uno de la CUP, Antonio Baños. Los asistentes a la protesta han entonado Els Segador, himno catalán.
Ya por la tarde a partir de las 16.00 está previsto que comience el interrogatorio a la exvicepresidenta, Joana Ortega.
Pese a que el TSJC admitió a finales de 2014 varias querellas por el 9N, entre ellas la de la Fiscalía --que obligó a interponer la Fiscalía General del Estado a la Fiscalía catalana--, no ha sido hasta este 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas, que se ha decidido a citarlos como imputados.
Durante estos meses, el tribunal ha practicado varias diligencias, entre ellas tomar declaración como testigos a directores de centros educativos en los que se celebraron las votaciones y pedir diversa documentación relacionada con la consulta, como información del centro informático, las papeletas y comunicaciones internas.
La Fiscalía acusa a Mas, Ortega y Rigau de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al haber organizado este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC.
Considera que sabían que la consulta prevista inicialmente --primero-- y el proceso participativo --después-- habían sido suspendidos, y aludió a estas declaraciones de Mas para probarlo: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno".
La Fiscalía cree que no es necesario que la negativa del Govern a cumplir la decisión del TC fuese expresa, sino que "esa voluntad puede deducirse, tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos", recogía el escrito.