Aranalde Ijurco, extraditada por Francia el pasado martes para enjuiciarla por un delito de tenencia de explosivos como miembro de un grupo de apoyo al "comando Donosti" de ETA, deberá comparecer semanalmente en comisaría y no podrá abandonar el territorio nacional, por lo que el juez le ha retirado el pasaporte.
Pese a estar acusada en España en varios procesos judiciales, la etarra ha abandonado la prisión madrileña ya que Francia de momento sólo ha concedido su extradición por la causa en la que se la imputa el delito de tenencia de explosivos, por la que previsiblemente será absuelta, ya que la Audiencia Nacional declaró inocente en 2007 a un coimputado, Iker Olabarrieta, al que se atribuían los mismos hechos
Además del delito de tenencia de explosivos, que se tramita en el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón -que está de vacaciones y es sustituido por Eloy Velasco-, Aranalde está reclamada también por su presunta participación en la colocación de varios artefactos explosivos en gasolineras de Madrid y alrededores en 2004, en plena operación salida del puente de la Constitución.
Por esta última acusación no se le han impuesto medidas cautelares porque Francia sólo ha entregado a Aranalde por el delito de tenencia de armas. Por lo tanto, no puede acordarse ningún tipo de medida por otras causas.
La fiscal Susana Landeras había solicitado a Velasco que decretase la prisión provisional para la presunta etarra, para evitar que pudiera quedar en libertad, y a la espera de que Francia resolviese la orden de detención y entrega librada contra ella por los atentados de las gasolineras, que no causaron víctimas.
Sin embargo, Velasco le ha impuesto la fianza de 12.000 euros al tener en cuenta una sentencia dictada por la Audiencia Nacional que absolvió a uno de los coimputados por el delito de tenencia de explosivos.
Para evitar que Aranalde quedase en libertad y pudiera darse a la fuga mientras Francia resuelve otras órdenes pendientes, la Fiscalía había pedido a Velasco que la devolviese al país galo a la espera de una respuesta de las autoridades francesas respecto a esas órdenes, aunque, según fuentes fiscales, no ha accedido a esa petición.
Además de estas dos causas, la presunta etarra está reclamada por otra abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por colaboración con organización terrorista. Sin embargo, su defensa ha aportado la sentencia dictada en junio de 2008 por la Cámara Correccional del Tribunal de Gran Instancia de París que la condenó a seis años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas.
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