El juicio queda así interrumpido hasta el día 31 de mayo, fecha en que arrancará la prueba pericial. En concreto, las declaraciones de peritos tendrán lugar del 31 de mayo al 3 de junio y del 7 al 10 de junio.
Posteriormente quedarán pendientes la práctica de la prueba documental, las conclusiones de las partes, los informes y el turno de la última palabra. Los 17 acusados de la causa, entre quienes se encuentran la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, deberán estar obligatoriamente presentes en la sala de vistas durante el trámite de conclusiones y la última palabra.
Entre los testigos que han sido interpelados se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el exalcalde de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y exaltos cargos de Zarzuela como Carlos García Revenga y Alberto Aza.
En cuanto a los peritos, está previsto que desfilen ante el tribunal un total de 21, que deberán arrojar luz sobre el supuesto desvío de fondos y la presunta defraudación a Hacienda investigados a lo largo de estos últimos años, en unas pesquisas plasmadas en más de 80.000 folios de sumario repartidos en unos cien tomos.
Junto a la Infanta y Urdangarin, también se encuentran acusados el exsocio de éste, Diego Torres, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la mujer de Torres y otros numerosos exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres, a raíz del presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado ambos exsocios a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.
Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.
La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.