Así lo ha considerado el fiscal Fernando Burgos en la exposición de su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional que desde el pasado 24 de marzo juzga al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
Las cuatro acusaciones en esta causa han respaldado las conclusiones del fiscal en sus respectivos informes, que también han expuesto hoy en la octava y previsiblemente penúltima sesión del juicio, aunque han ido más allá y han pedido que se investigue quiénes fueron los "autores intelectuales" de las órdenes que provocaron las identificaciones erróneas.
Uno de estos letrados, Diego Sarabia, ha reclamado la deducción del testimonio del general Félix Sanz Roldán y del ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre para que se les investigue por falso testimonio y la misma medida respecto del entonces "número tres" de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, de quien considera que pudo incurrir en un delito de encubrimiento.
Según Sarabia, "el único beneficio que se conseguía con la pronta celebración del funeral de Estado", causa de los errores en las identificaciones, era "un beneficio político".
El representante de otra de estas acusaciones, Leopoldo Torres, ha denunciado por su parte que ha habido una "trama de terceras personas" que "han ocultado el delito para impedir su descubrimiento o han dificultado la investigación judicial abusando de funciones públicas", por lo que también ha pedido que se deduzca testimonio a esas personas, aunque no las ha identificado.
El abogado Leopoldo Gay era el primero en pedir la deducción de testimonio para conocer quién ordenó la repatriación de los militares sin identificar con el objeto de que se la siente en el banquillo de los acusados.
Gay cree que, junto a los tres militares procesados, tenían que haber comparecido como acusados el ex presidente del Gobierno José María Aznar, el ex ministro de Defensa Federico Trillo o el jefe del estado Mayor de la Defensa.
Con el objeto de demostrar la existencia de esa "invención" a la que aludía en su informe, el fiscal ha recordado que la lista elaborada por Navarro era un documento con una redacción "cínica" de las necropsias de los militares fallecidos en el accidente del avión ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
La decisión de falsear estos datos "estaba tomada desde el primer momento", ha sostenido el fiscal, apoyándose en indicios tales como que el equipo español que viajó a Turquía contara con un biólogo y un odontólogo que no utilizaron, que no se tomaran muestras de ADN, que no se elaborara programa alguna de trabajo o que los tres acusados abandonaran el hotel tras pernoctar la primera noche.
Ese falseamiento de las necropsias, ha añadido, llevó después a la de los certificados de defunción, las licencias de enterramiento y los registros de los cementerios, lo que supone un delito continuado de falsedad.
A su juicio, Navarro era "dominador" de todos estos actos de falsedad por su condición de jefe de la misión, pero los otros dos acusados también sabían que en las bolsas y en los féretros no estaban los restos de las personas que decían.
Burgos pide 5 años de cárcel para Navarro y 4 años y medio para José Ramírez y Miguel Sáez por un delito continuado de falsedad documental.
Además de la pena de cárcel, el fiscal solicita una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno de los tres acusados: de 30.000 euros y 5 años para Navarro y de 24.000 euros y 4 años y medio para Ramírez y Sáez.
El juicio quedará previsiblemente mañana visto para sentencia tras la lectura de los informes de las defensas y el turno de última palabra que se concederá a los acusados.