La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido investigar por un delito de incitación a la sedición al concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) Joan Coma, que durante un pleno municipal animó a "dejar de supeditarse a las decisiones de las instituciones españolas" y reclamó "desobedecer" las resoluciones del Tribunal Constitucional. "Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos", dijo.
El fiscal Vicente González Mota ha solicitado al magistrado Ismael Moreno que requiera al consistorio el informe del secretario municipal, al que aludió el edil Josep Anglada cuando planteó como cuestión previa la retirada de la moción de apoyo a la declaración soberanista del Parlamento catalán en virtud del dictamen del secretario advirtiendo de su "ilegalidad".
El representante del Ministerio Público ha reclamado imputar por un delito de incitación o provocación a la sedición, previsto en los artículos 544 y 548 del Código Penal, a Coma por mencionar durante dicho debate que el Parlamento autonómico se erigía como el "único depositario de la soberanía y como expresión del poder constituyente".
"Dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las decisiones de las instituciones españolas, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional", manifestó, para considerar al alto tribunal "carente de legitimidad y competencia".
"Desobediencia, hace tiempo que venimos reclamándolo. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos", prosiguió Coma, para aludir a que la declaración soberanista no era "simplemente una declaración de intenciones" y que la misma debía tomarse "muy en serio".
En su escrito, la Fiscalía estima pertinentes llevar a cabo estas diligencias para determinar el alcance de la declaración pública del concejal, que tiene el carácter de "autoridad", llamando a la "desobediencia de las resoluciones judiciales".
INVESTIGACIÓN A ANC
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, ya pidió el pasado febrero un informe sobre los estatutos, financiación y actividades desarrolladas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras asociaciones de Cataluña para esclarecer si han sido las "impulsoras y promotoras" de la tramitación de las mociones de apoyo a la resolución independentista del 'Parlament'.
El magistrado aceptaba una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía por posibles delitos de sedición y rebelión y reclamaba a las Fuerzas de Seguridad la lista de Ayuntamientos que hayan aprobado mociones de respaldo a la resolución I/XI del Parlamento de Cataluña, que anuló el Tribunal Constitucional.
El delito de rebelión, castigado con penas de 25 a 30 años, tipifica "el alzamiento violento y público con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional". El de sedición, penado con 10 a 15 años de cárcel, persigue "el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de sus funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales".