En su lectura de las conclusiones definitivas este miércoles en la Audiencia de Barcelona, el fiscal Fernando Bermejo ha introducido una modificación en su acusación: que en el caso de los acusados por favorecimiento de la prostitución se incluya una alternativa, la del delito contra los trabajadores.
Sin embargo, mantiene para los propietarios y encargados de los clubes las peticiones de cárcel de 7 a 18 años; para los policías de 16 a 44; de 5 a 20 para los abogados; 19 para el funcionario municipal, y 20 al ingeniero, además del cierre definitivo de los prostíbulos y disolver sus sociedades.
Según el fiscal, cometieron delitos de favorecimiento de prostitución (o como alternativa, contra los derechos de los trabajadores), pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar revelación de información privilegiada, falsificar documento oficial, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado José Javier M.P., inspector jefe de la Policía Nacional en la Brigada Nacional de Extranjería, para quien el fiscal pide la pena más elevada de hasta 44 años por dos delitos de cohecho pasivo y siete de extorsión, ha pedido su absolución.
Ha defendido que José Javier M.P. no estaba a sueldo de los macroprostíbulos sino que trató de descubrir qué policías lo estaban después de que un confidente le diera esta información, y que el día que fue detenido tras reunirse con un responsable del Saratoga por aceptar un sobre con dinero, "solamente quería obtener el nombre de un policía corrupto".
Por su parte, las defensas del inspector Abundio N.M., exinspector jefe de la Policía Nacional, y del excomisario Luis G.G. han criticado que con esta novedad introducida por el fiscal "se ha conculcado el principio acusatorio" porque no se incluía el delito contra el derecho de los trabajadores ni en las conclusiones ni durante el juicio.