En una entrevista a ETB, recogida por Europa Press, se ha referido a la intención de Artur Mas de plantear una consulta "alternativa" basada en un proceso participativo, después de que el TC suspendiera la Ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del 9-N.
Respecto a si ve algún indicio de ilegalidad en el plan presentado por el president, Calparsoro ha indicado que Mas ha dejado "sin efecto" la convocatoria de consulta, en cumplimiento de la resolución del TC y, por lo tanto, "ahí ha cumplido con la legalidad".
Ante su planteamiento de realizar un "proceso consultivo", ha apuntado que es un "tema más complejo" y "no conoce exactamente las normas del Estatuto catalán" y las "posibilidades que permite". "Supongo que habrá que estudiarlo con calma y, en su caso, las entidades legitimadas, bien la Abogacía del Estado, bien otras entidades que puedan tener legitimación podrán impugnar si entienden que hay algún dato o algún elemento de ilegalidad en ese 'Plan B'", ha agregado.
Calparsoro ha indicado que, "siendo rigurosos", es "verdad" que el presidente Artur Mas "ha cumplido" con lo que ha dicho el TC porque "ha suspendido la consulta", y ha señalado que el "otro proceso, evidentemente, no va a ser una consulta, no va a ser un referéndum, no va a tener un valor jurídico que pueda representar un poco la voz del pueblo de Cataluña".
"En todo caso, podrá tener un valor, si es que se acaba haciendo, de carácter simbólico, testimonial, reivindicativo, pero sin pasar de ahí porque, si no se puede hacer una consulta legal, esto será una especie de encuesta", ha añadido.
PLEBISCITARIAS
Calparsoro ha señalado que unas elecciones plebiscitarias sí son "legales". "Además de plebiscitarias, supongo que sería en función de lo que cada partido propugne, su un partido propugna claramente una situación de independencia, que es lo que reclaman estos grupos, tiene que ser claramente expuesto en el programa, no como una cosa en el último lugar", ha añadido.
El Fiscal Superior ha asegurado que el concepto de plebiscitarias depende de los programas que presenten los partidos. "Si los programas son claros, pueden tener ese valor, que también será, por supuesto, un valor reivindicativo, simbólico si se quiere llamar, porque para conseguir un proceso de separación del Estado español hay que seguir un procedimiento que es el que está en la Constitución", ha apuntado.