Maita, que declaró su "plena adhesión" a esta solicitud, consideró que esta medida es la única forma de garantizar la presencia de los ocho ex ministros y cinco miembros del alto mando militar que están implicados en los sucesos y de "evitar su huída" de Bolivia como ha ocurrido con otros cuatro imputados.
La Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo 18 de mayo el inicio de la fase oral y pública del juicio al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio por su presunta responsabilidad en la represión que provocó más de 60 muertes en 2003.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), de 78 años, renunció a su segundo Gobierno el 17 de octubre del 2003 y se autoexilió en Estados Unidos, donde vive desde entonces al igual que sus dos ex ministros, que están acusados de complicidad en el genocidio.
"La inminencia del juicio oral pone la necesidad de asegurar la presencia de las personas en el proceso y en la sentencia ante una eventual condena", sentenció el abogado defensor de las llamadas "víctimas del octubre negro".
Según Maita, en este momento los acusados están sometidos a medidas cautelares de diferente tipo, si bien indicó que en las pasadas semanas uno de los imputados, el ex ministro de Agricultura, Guido Áñez, "aprovechando el hecho de que no estaba arraigado ha huido a Estados Unidos y está evadiendo la justicia boliviana".
"Esta situación nos evidencia que son personas con amplia disponibilidad económica y pueden ausentarse del país como lo han hecho los anteriores meses", dijo.
Además, entre los acusados están los ex ministros de Sánchez de Lozada Carlos Sánchez Berzaín, ex titular de Defensa, y Jorge Berindoague, de Hidrocarburos, quienes también están en EE.UU. tras abandonar el país en medio de los disturbios de octubre del 2003.
En noviembre de 2008, el Gobierno de Evo Morales solicitó oficialmente a EE.UU. la extradición del ex mandatario, de Sánchez Berzaín y de Berindoague.