El Ministerio Fiscal sostiene que la acusada era apoderada de una sociedad mercantil, cuya administradora única era su madre y que nunca tuvo una actividad real, pues ni presentó las cuentas anuales ni declaraciones fiscales. Con intención de obtener un beneficio indebido por medio de la captación de personas que tuvieran la necesidad de financiación y que no la podían conseguir de las entidades bancarias, la acusada publicó anuncios en prensa en los que ofrecía los servicios de solicitud, negociación y logro de préstamos de dinero ante entidades de todo tipo a través de la mercantil.
Así, una mujer se puso en contacto con ella porque necesitaba obtener financiación económica, que no había logrado a través de entidades bancarias, para poder liquidar las deudas de una herencia que tenía un procedimiento ejecutivo, pagar el impuesto de sucesiones y satisfacer los honorarios del letrado, por importe de 7.000 euros más impuestos.
La acusada la convenció para firmar el 20 de mayo de 2011 una escritura de préstamo hipotecario, ante una notaria de Siero. En virtud de esa escritura, el Banco Popular Español concedía un préstamo a la mujer, su marido y su hija por importe de 152.000 euros, que quedaba garantizado con una hipoteca sobre una vivienda en Salinas, Castrillón, que constituía el domicilio de la familia.
La acusada le indicó que era imprescindible que realizase dos transferencias. La primera de ellas, por importe de 13.500 euros, a la cuenta de la mercantil y otra, de 23.050,12 euros, a nombre de su madre. Añadió también, para dar mayor credibilidad a la operación, que, con cargo a ese dinero, ella se encargaría de abonar al letrado la minuta de 7.000 euros, más impuestos. Con ello consiguió que, el mismo día 20 de mayo de 2011, la mujer efectuase sendas transferencias por esos importes. El coste de cada una de estas transferencias fue de 10,35 euros.
Para justificar las transferencias, la acusada presentó dos facturas: una a nombre de la mercantil, con fecha 16 de mayo de 2011 por importe de 13.500 euros (11.440,69 euros más 2.059,31 euros de IVA), figurando como concepto Gestión varias; y la otra, a nombre de su madre, con la misma fecha, por importe de 19.533,90 euros, más 3.516,10 euros de IVA, en la que hizo figurar como Total Partidas los conceptos de derribo, excavación y desescombro, solera, pavimentación, revestimientos e instalación eléctrica, obras que nunca se habían realizado.
Finalmente, la acusada no abonó la minuta del letrado en cuestión, por lo que este presentó una demanda de ejecución de títulos judiciales contra la mujer, por la que se acordó, el 17 de junio de 2013, el embargo de bienes y derechos de su propiedad por importe de 8.260 euros, como principal, y 2.478 por intereses.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito un delito de estafa y de un delito de falsedad en documento mercantil Y solicita que se condene a la acusada a dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y nueve meses de multa, a razón de 8 euros de cuota diaria (2.160 euros en total), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Por el delito de falsedad, un año de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y ocho meses de multa, a razón de 8 euros de cuota diaria (1.920 euros en total), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada indemnice a la familia presuntamente estafada con 36.570,82 euros, más los intereses legales.