Así el Ministerio Público insta a Garzón a remitir la investigación por la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia.
En una nota de prensa remitida por la Fiscalía General del Estado ni siquiera se menciona al Tribunal Supremo. Simplemente señala que, "en su informe, la Fiscalía Anticorrupción se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior Informe.
La nota añade que la remisión de la causa a los dos TSJ citados se realizará "sin perjuicio de que pueda continuar en el Juzgado la instrucción (Art. 25 de la Ley de enjuiciamiento Criminal) hasta que se resuelva la competencia por los Órganos Judiciales competentes".
El informe no es vinculante
De cualquier modo, y aunque no es previsible, el juez podría acabar elevando una exposición razonada al Supremo, ya que el informe que le ha entregado la Fiscalía no es vinculante.
El pasado miércoles, y tras recibir un informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que, según Garzón, "se contienen nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un nuevo caso de aforamiento", el magistrado pidió nuevamente su opinión a Anticorrupción.
El juez dictó una providencia dando a un plazo de 48 horas a la Fiscalía -que ésta se apresuró a anunciar que no respetaría- para que informara no sólo de si procedía remitir una exposición razonada al Supremo "sobre los casos de su competencia", en referencia a los aforados nacionales presuntamente implicados, sino sobre si lo más adecuado no sería remitir todo el caso al Alto Tribunal.
Indicios de delito
Los aforados contra los que Garzón apreciaba indicios de delito eran el senador Luis Bárcenas, tesorero nacio nal del PP, y el eurodiputado de este partido Gerardo Galeote.
La Fiscalía, sin embargo, ha considerado que los datos que obran en la causa sobre ellos no están corroborados por otros indicios y no son suficientes para pedir al Supremo que les investigue.
Entre los aforados que debería investigar el TSJ madrileño figuran el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y diputado autonómico Alberto López Viejo y, según informaciones periodísticas, los también diputados regionales Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco.