En un comunicado, Fiscalía constata que los hechos podrían ser un delito de malversación de caudales públicos, por lo que ha solicitado a la Policía Nacional que inicie una investigación penal.
El anterior Gobierno pagó durante unos meses el alquiler del local, de 5.500 euros mensuales --el portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn, dice que fue para dar tiempo a buscar soluciones--, algo que desconocían los 'okupas' y que canceló el actual Ejecutivo, de Ada Colau.
A raíz de los altercados de los últimos días, la Fiscalía ha tenido conocimiento de que Trias "decidió suscribir" un contrato de arrendamiento de un año con la empresa propietaria del local, Antartic Vintage S.L., por un precio de 65.500 euros.
Dicha renta fue "puntualmente satisfecha" por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, mientras que el nuevo equipo municipal, liderado por Ada Colau, decidió no renovarlo.
Al tener conocimiento de este hecho, la Fiscalía ha decidido solicitar la investigación para comprobar los hechos y determinar la responsabilidad de Trias.