Por eso el escrito --firmado por el fiscal superior de Cataluña, Jose María Romero de Tejada-- acusa a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau de desobedecer a la autoridad judicial al considerar "manifiesta" su negativa a cumplir la resolución de suspensión.
Además de desobediencia, la Fiscalía pide imputarles por los presuntos delitos de prevaricación, usurpación de atribuciones judiciales (contra la división de poderes) y malversación de caudales públicos.
La querella llega por decisión del fiscal general del Estado, Eduardo-Torres Dulce, después de que Fiscalía de Cataluña no viera indicios de delito en el proceso participativo, aunque dejó claro esta semana que iba a acatar la decisión que tomara Torres-Dulce.
Ahora se procederá al reparto dentro de la sala civil y penal del TSJC, para que se inicien los trámites habituales, empezando por conformar la sala de admisiones, que integran el presidente del TSJC y dos magistrados --uno de éstos será nombrado ponente--, y esta sala dictará una resolución para admitir o no a trámite la querella.
Si se admite, el ponente se convertirá en magistrado instructor de la causa, y entonces se iniciará la instrucción y se realizarán todas las pruebas y trámites que considere el magistrado para investigar.
En caso de que se presenten recursos, se creará la sala de recursos, donde estarán los magistrados de la sala civil y penal del TSJC que no han formado parte de la sala de admisiones.