La Junta de Fiscales de Sala se reunió con Torres-Dulce durante algo más de cuatro horas para terminar dando el apoyo casi mayoritario a la querella, con algunas reticencias en cuestiones técnicas referidas a los delitos.
Con este respaldo, se prevé que el fiscal general del Estado presente, en las próximas horas la interposición de una acción penal contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales.
Desde el Gobierno catalán han mostrado su convencimiento de que la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, por haber hecho posible el proceso participativo del 9N "no tiene ningún recorrido".
"Estamos ante una querella política y no ante una querella con fundamento jurídico", afirma el portavoz del Govern, Francesc Homs, que considera, además, que el Gobierno central liderado por Mariano Rajoy hace una "utilización torpe" de las instituciones del Estado, y ha recalcado que la votación del 9N estaba amparada en un derecho fundamental como es la libertad de expresión.