Así lo ha indicado en rueda de prensa en la sede gijonesa de Foro, quien ha destacado que el propio Estado reconoció, en respuesta a una pregunta suya, que hubo "descontrol" sobre la gestión de los fondos mineros durante muchos años. Sumado a ello, ha reprochado al Principado que no haya tomado "ni la más mínima iniciativa para reclamarlos", ha apostillado sobre la devolución de los fondos mineros.
Para Oblanca, esto justifica aún más que la Comisión de Investigación sobre el ex líder minero José Ángel Fernández Villa incluya también la gestión de los citados fondos, en lugar de abordar solamente el origen de la fortuna de este, después de que se acogiera a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones de euros. El senador ha remarcado que es "imprescindible" que, tanto esta Comisión como la de investigación sobre El Musel, se llevan a cabo con independencia de que vaya a haber elecciones en 2015 porque es una cuestión "de higiene completa".
Por todo ello, ha reiterado que el Gobierno central "permanece insumiso y desobedece una sentencia firme de la Audiencia Nacional", a lo que ha añadido que Foro va a exigir judicialmente, si es necesario, el cumplimiento de este fallo judicial. No obstante, ha matizado que Foro, por el momento, seguirá "estirando" la vía política.
El senador, asimismo, ha recordado que los fondos mineros "no son una dádiva gratuita del Estado", ya que Asturias tuvo que acometer una reconversión que conllevó el despido de muchos trabajadores y el cierre de pozos mineros. En este sentido, ha recalcado que Asturias cumplió su parte y ahora queda el Estado.
Unido a ello, ha recordado que en el tiempo que Foro gobernó en la región, el Principado hizo un trabajo "ímprobo" para "rescatar" los fondos mineros de los convenios aún sin tramitar en el Principado. Oblanca ha recalcado que Foro presentó una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que incluye la devolución de los fondos mineros.
RESPONSABILIDADES PENALES
En este punto, el jurista y el portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Langreo, Pedro Leal, ha incidido en que la sentencia es "inmediatamente ejecutiva", pero debe ser el Principado, en caso de que el Estado no devuelva el dinero, quien lo exija en los tribunales. Foro, por tanto, solo podría promover que se inste al Gobierno central desde la Junta General del Principado para que se cumpla la sentencia.
Eso sí, ha precisado que toda autoridad o funcionario que ponga impedimentos a la ejecución de la sentencia se puede enfrentar a una sanción de entre 150 a 1.500 euros y a un proceso de responsabilidad penal por desobediencia.