Esta asociación de jueces reconoce que las decisiones judiciales deben estar sometidas a la crítica de la sociedad si bien entiende que dicha crítica "no puede descender al terreno del ataque personal al juez ni sostenerse sobre exigencias que justifican injerencias políticas en la labor de los jueces y magistrados, cuyas resoluciones, no lo olvidemos, son susceptibles de ser recurridas, esto es, revisadas por instancias judiciales superiores".
Añade que "no es de recibo" las exigencias que desde diferentes foros se están dirigiendo contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 "se hagan con base en, o acompañadas de, insultos personales a la figura del juez, al que, en este caso concreto, se le ha tildado de casi todo en los medios de comunicación y redes sociales".
EL FJI señala en un comunicado que en un Estado Democrático y de Derecho como el nuestro, "no sólo es posible sino aconsejable la sana crítica a las resoluciones que emanan de los jueces y magistrados, con las que la discrepancia se puede formular de forma más o menos técnica".
No obstante, la asociación critica que "desde instancias políticas o por personas con responsabilidades de esta naturaleza, se exija la inmediata libertad de unas personas que se hayan en prisión provisional por decisión fundada de un magistrado ante la petición del Ministerio Fiscal", y que además ello se haga dirigiéndose a organismos que nada pueden hacer, dado que los jueces de este país son independientes y nadie puede dirigirles orden alguna para que resuelvan de una determinada forma.