Al intervenir hoy en el segundo proceso en su contra, tras haber sido condenado en el primero, Jodorkovski pidió al juez que reclame y estudie los contratos por los que Yukos suministró crudo y derivados a las estructuras estatales rusas.
"Según la lógica de la acusación, se deduce que en el blanqueo de ese petróleo robado fueron cómplices los ministerios de Defensa y del Interior, el Servicio Federal de Guardafronteras y otras estructuras", declaró Jodorkovski, según la agencia Interfax.
Agregó que entre 1999 y 2002 Yukos suministró a esos organismos estatales -"entre ellos, la Fiscalía"- 15 millones de toneladas de crudo, por lo que deben considerarse "grupos organizados implicados en el robo de crudo y blanqueo", ironizó.
Sin embargo, el juez Víctor Danilkin declinó la petición de estudiar los contratos de venta de crudo al Gobierno, así como la solicitud de concretar la lista del personal administrativo de Yukos que habría sido implicado por Jodorkovski en sus delitos económicos.
"La instrucción sostiene que todo el personal administrativo de Yukos estuvo involucrado en los delitos. Pero en la compañía tenía 3.000 empleados en la oficina central más otros 15.000 de personal administrativo y técnico", argumentaba Jodorkovski.
Su abogada, Natalia Térejova, explicó a su vez que el fundador de Yukos y su socio Platón Lébedev, juzgado dentro del mismo caso, son acusados de cometer los delitos dentro de un "grupo organizado", y exigió definir a todos los participantes, pero el juez lo denegó.
También declinó la tercera petición de reclamar los protocolos de las reuniones de accionistas de las tres filiales extractoras de la compañía que, según los fiscales, habrían sido engañados por Yukos para comprarles el crudo a precios inferiores a los de mercado.
La víspera, la defensa denunció que la Fiscalía acusa a Jodorkovski y Lébedev de haber robado a su propia petrolera privada más crudo del que Yukos había extraído en el periodo indicado.
Para refutar la acusación, la defensa pidió al juez reclamar a los sucesores jurídicos de la expropiada Yukos -el ministerio ruso de Combustibles y Energía y la petrolera estatal Rosneft, que se hizo con los principales activos-, los documentos relativos a la extracción y transporte de crudo en el periodo entre 1998 y 2003.
Pero el juez Danilkin denegó la petición al compartir la postura de los fiscales de que éstos "son asuntos técnicos que no pueden estudiarse dentro del proceso".
De poco sirvió el argumento de Kliuvgant de que Yukos exportaba su crudo por los oleoductos del monopolio estatal ruso Transneft, "lo que excluye toda posibilidad de sustracción y apropiación".
Jodorkovski y Lébedev, condenados en el primer proceso a ocho años por delitos tributarios que no reconocen, afrontan ahora cargos por presuntos robos millonarios, que la defensa declara fabricados y por los que podrían ser condenados a hasta 22 años de prisión.
La Fiscalía sostiene que entre 1998 y 2003 Jodorkovski y Lébedev habrían robado crudo a su propia empresa por valor de más de 892.400 millones de rublos (35.000 millones de dólares al cambio de la época), cifra comparable con toda la capitalización de Yukos.
Además, se les acusa de haber lavado el dinero obtenido a raíz del robo de crudo por un monto de más de 487.400 millones de rublos y de 7.500 millones de dólares.
Según cálculos de la prensa, los magnates están acusados de haber robado en total 350 millones de toneladas de crudo, el equivalente a la extracción anual de toda Rusia en aquella época, cuando en ese período Yukos extrajo 347,44 millones de toneladas, menos de lo que presuntamente habrían sustraído sus dueños.
Al abrirse el pasado martes el segundo proceso, Jodorkovski pidió dar carpetazo al caso, al declarar que el juicio no es justo y las acusaciones en su contra son "absurdas".