Los tres tribunales de justicia designados son los que tendrían que investigar si cargos aforados del PP tienen responsabilidad penal en la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que investiga el instructor. El magistrado, que alza parcialmente con esta decisión el secreto del sumario, podría remitir las dos primeras copias a los Tribunales Superior de Justicia de Madrid y Valencia en el caso de que hubiera hallado indicios sobre actividades delictivas por parte de diputados autonómicos o miembros de los Gobiernos de estas dos regiones.
Según fuentes jurídicas, la tercera copia también será remitida a un tribunal de justicia, que se correspondería con el Supremo en el caso de que los afectados fueran diputados o senadores, o con el Tribunal Superior de Justicia de otra comunidad de afectar a parlamentarios o miembros de los Ejecutivos de esa región.
En su resolución, Garzón señala que adoptará una decisión sobre su posible inhibición de la causa cuando la Fiscalía Anticorrupción de cumplimiento a los dos oficios sobre aforados que le remitió los pasados días 18 y 19 de febrero.
A este respecto, el juez anticipó el pasado viernes que rechazaba la personación del Partido Popular (PP) en la causa, al considerar que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".
En ese auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 avanzaba que se inhibiría de esta investigación "una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".
En la causa, en la que se encuentran imputadas 37 personas, Garzón investiga una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.