La Generalitat de Cataluña ha asegurado este martes que el Gobierno de Mariano Rajoy "prevaricaría" si impusiera condiciones políticas para el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), al cual se ha acogido Cataluña.
"Si utilizasen el FLA para finalidades políticas y en línea de represalias, estarían prevaricando. Esto está tipificado" como delito, ha asegurado el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.
La semana pasada, el Gobierno catalán recibió del Estado 460 millones de euros que se destinaron a pagar vencimientos, mientras que ahora le han ingresado 568 millones, y por todo este dinero pagará al Estado un interés del 6%.
Homs ha recalcado que, en cualquier caso, lo que pagará la Generalitat en concepto de intereses por el FLA es inferior a las emisiones de los denominados 'bonos patrióticos', cuyo tipo de interés era del 8%, superior al Fondo porque debían pagarse comisiones a las entidades comercializadoras.
Homs ha lamentado que se intente presentar desde sectores políticos el FLA como un "regalo" a las autonomías y aunque es obvio en cualquier préstamo hay condiciones a cumplir, ha rechazado que se pongan contraprestaciones políticas.
La semana pasada la Generalitat recibió la primera parte del FLA, 460 millones que se destinaron a pagar vencimientos, un concepto que según la normativa europea hay que priorizar: "Los vencimientos financieros es lo primero que hay que atender ya que sino, no te dejan dinero".
Ahora, la Generalitat cobrará en concepto del FLA otros 568 millones, y Homs ha indicado que en ningún caso, servirán para hacer nuevas partidas de gasto, sino que este dinero se destinará a pagar lo que se había presupuestado para este año y asegurar así el funcionamiento ordinario de la administración catalana.
Homs también ha asegurado que "no deja de ser sorprendente e incluso interesante" que el Gobierno central haya pedido a la Comisión Europea (CE) conocer su posición de Bruselas sobre una eventual secesión de Cataluña.
"Nos daban lecciones de derecho internacional y ahora hacen una consulta formal para que la UE les aclare su posición. Parece contradictorio", ha señalado el portavoz, indicando que él tenía la sensación de que el Gobierno tenía muy clara su postura de rechazo a las demandas rupturistas catalanas.