Los dos acuerdos para el desistimiento de los recursos ante el Tribunal Constitucional se producen tras los acuerdos alcanzados entre ambas administraciones y por los que se reconoce la competencia estatal para declarar las reservas mineras y se da continuidad al procedimiento de concurso iniciado por la Junta de Andalucía.
En virtud de dichos acuerdos, el Consejo de Ministros aprobó el 11 de abril un Real Decreto Ley por el que se definía y delimitaba la zona que se denominará Aznalcóllar y permitía la adjudicación de la explotación de la mina por la comunidad autónoma de Andalucía conforme a un procedimiento de concurrencia competitiva.
Por su parte, la Junta ha aprobado el Decreto Ley 4/2014, de 11 de abril, reconociendo ya la titularidad del Estado sobre las reservas mineras y la competencia para establecerlas, derogando la declaración de reserva por ella efectuada en el anteriormente citado Decreto Ley de 17 de diciembre de 2013, y permitiendo la continuidad del concurso público para la explotación de la mina, en los términos acordados con el Estado.
Con los acuerdos adoptados por el Gobierno, además de solventar el conflicto competencial entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, se completan las medidas destinadas a sumar esfuerzos de cara a la puesta en marcha de un proyecto que impulsará el desarrollo económico, social y laboral de la zona.