Mediante esta ley, el Gobierno de Navarra aplica a la Comunidad Foral el mismo impuesto estatal, regulado por la Ley de medidas para la sostenibilidad energética.
Sin embargo, el Ejecutivo central alega que se trata de un impuesto estatal no convenido, es decir, de competencia exclusivamente estatal y que Navarra debió esperar a llegar a un acuerdo dentro de la Comisión que coordina el Convenio Económico.
Hasta el momento no se ha producido ningún acuerdo de la Comisión Coordinadora del Convenio para incorporar al mismo el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, por lo que la Ley Foral controvertida "resulta ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, dado que supone el ejercicio de competencias por dicha Comunidad Foral sobre un impuesto estatal no convenido, cuya regulación corresponde exclusivamente al Estado.