Varias asociaciones de guardias civiles han aplazado hasta el próximo 3 de noviembre la manifestación prevista para el 1 de octubre contra la ley que limita su "derecho de reunión" ya que entienden que tendría "poca utilidad presionar" a un Gobierno que se encuentra "ya prácticamente en funciones".
Así lo han asegurado en un comunicado conjunto AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles), UNIONGC (Unión de Guardias Civiles), ASESGC (Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil) y UO (Unión de Oficiales Guardia Civil), tras solicitar previamente una reunión con el ministro de Interior, Antonio Camacho.
Las asociaciones de guardias civiles están convencidos que con "voluntad política" se podría buscar "una salida al intento de cercenar derechos tan fundamentales como el de manifestación y la libertad de expresión".
De esta manera, las citadas asociaciones se refieren a la Ley Orgánica 11/2011, que prohíbe a los agentes de este cuerpo participar en manifestaciones políticas o sindicales que, según han explicado, supone "un grave conflicto interno" en la Guardia Civil.
"Si la vía del diálogo no da resultado, algo por desgracia más que probable, el conflicto estará servido", amenazan las asociaciones, que explican que dada la "alianza antinatural" entre el PSOE y el PP para esta ley, la única forma de abrir la vía del Tribunal Constitucional es provocar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Desde las asociaciones señalan que presionarán más "en un momento preelectoral", puesto que hacerlo a "un Gobierno que se encuentra prácticamente en funciones, poca utilidad podría tener en cuanto a obtener resultados tangibles".
"DE UNIFORME" A MISA
En el comunicado indica que las cuatro asociaciones acudirán "de uniforme" el próximo 22 de septiembre a una misa en una iglesia de Madrid para, basándose en la "libertad religiosa que ampara su ordenamiento jurídico", realizar una serie de peticiones necesarias para los guardias civiles y sus familias.
También reforzarán los actos públicos de recogidas de firmas para denunciar su situación, "la discriminación y el abuso" a los que se sienten sometidos.