Alabern, que ha quedado en libertad poco antes de las 20.30 horas, ha sido el último de los cinco detenidos que han pasado hoy a disposición judicial en prestar declaración ante el juez Ignacio Lope Sola y los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Joan Carrau, que investigan la presunta trama de malversación de fondos públicos en torno al Ibatur durante la legislatura 2003-2007.
La jornada de declaraciones comenzó a las 8.35 horas con la llegada a los juzgados de Vía Alemania de Palma de los cinco detenidos que aún estaban en dependencias policiales a raíz de la "operación Pasarela", en el marco de la que han sido arrestadas trece personas y se han registrado instituciones y empresas en Mallorca y Madrid.
El primero en declarar ha sido Juan Carlos Alía, predecesor de Alabern al frente del Ibatur (2003-2004) y que dimitió por el escándalo que se produjo a raíz de que cargara a las arcas públicas gastos de una delegación oficial realizados en el club erótico "Rasputín" de Moscú.
El juez ha impuesto a Alía una fianza de 30.000 euros por diversos delitos contra la hacienda pública que comparte con el resto de acusados, entre los que están la malversación, la falsedad documental y, en el caso de los que ocuparon cargos públicos, la prevaricación.
Posteriormente ha prestado declaración Juan Velasco, copropietario de la agencia de publicidad Clave, una de las principales empresas del sector y una de las que más trabajó para la administración autonómica durante la pasada legislatura.
Lope Sola, que en todos los casos ha atendido la petición de la Fiscalía, ha decretado para el publicista prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.
El siguiente en declarar ha sido el empresario de "catering" Kamal Dorai, que realizó trabajos para el Ibatur en ferias internacionales y al que el juez ha dejado en libertad con cargos y le ha impuesto la retirada del pasaporte.
Tras Dorai, que regresó horas después de su declaración a los juzgados para entregar el documento requisado, ha declarado el ex secretario del Ibatur Miguel Ángel Bonet, que ya había sido detenido en febrero de 2009 por un supuesto delito de malversación.
Como entonces ya quedó en libertad con cargos tras pagar 85.000 euros de fianza, de los 250.000 euros que el juez le ha impuesto hoy por los presuntos nuevos delitos tendrá que abonar 165.000, para lo que tiene, como el resto de los imputados, un plazo de 72 horas.