Las partes personadas en el caso Nóos, es decir, la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- disponen ahora de diez días para presentar en el juzgado de José Castro su escrito de conclusiones provionales.
Posteriormente, el juez el juez publicará su auto de apertura de juicio oral con los cargos que imputa a cada acusado. En este escrito es cuando José Castro decidirá si aplica o no a la infanta Cristina la doctrina Nóos. Tras conocerse este auto llega el momento de las defensas. Sus abogados presentarán sus escritos de conclusiones.
¿Qué es la doctrina Botín?
La doctrina Botín es una interpretación de la ley que hizo el Tribunal Supremo en el año 2007 por la que el recientemente fallecido presidente del Banco Santander, Emilo Botín se libró de sentarse en el banquillo porquer según los jueces no se puede juzgar a alguien si solo acusa la acusación popular, en este tipo de delitos.
El caso Nóos con la imputación de la infanta Cristina es similar al caso Botín ya qie ni la Fiscalía, ni la perjudicada, que es la Hacienda pública ha acusado a la hermana del rey por el fraude fiscal presuntamente cometido por su marido.
Petición de cárcel para la infanta
La Infanta Cristina podría enfrentarse a una petición de hasta seis años de cárcel por los dos delitos fiscales que pesan sobre ella en el marco del caso Nóos, solicitud que podría verse reducida si hace frente a las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda a través de la empresa Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin.
Más en concreto, la Audiencia Provincial de Baleares la considera cooperadora necesaria de los dos delitos contra la Hacienda pública -penados cada uno con entre uno y tres años de prisión- supuestamente cometidos por Urdangarin, quien habría utilizado esta mercantil como "pantalla" para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008.
Se trata de una figura jurídica, la del cooperador necesario, que conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido su marido. De hecho, el Código Penal, en su artículo 28, considera autor del hecho criminal no sólo a quienes cometen el delito por sí solos, sino también a quienes cooperan en su ejecución mediante una actuación sin la cual no habría sido cometido.
Al margen de la pena de prisión que se le podría solicitar, la Fiscalía Anticorrupción reclamará a la Duquesa una fianza de responsabilidad civil de más de 500.000 euros, a la que deberá hacer frente de forma conjunta y solidaria junto a su esposo, por haberse lucrado de parte de los fondos que éste habría defraudado a través de Aizoon, que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros del entramado Nóos.
El fiscal Pedro Horrach prevé incluir el nombre de la Infanta, junto a otros diez responsables civiles, en el escrito de acusación que presentará en próximos días para determinar definitivamente a quiénes acusa y qué penas solicita para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.
El fiscal, pese a apuntar a la inexistencia de indicios de criminalidad por parte de la Infanta en esta supuesta trama de desvío de fondos públicos, considera que sí habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados en el seno del entramado empresarial urdido por su esposo.