En declaraciones en el Congreso, donde ha entregado la última Memoria Anual de la Fiscalía, Torres Dulce ha explicado que de momento Anticorrupción está examinando "la posible implicación y trascendencia penal" que pueda tener el uso de esas tarjetas de crédito por parte de directivos y consejeros de Caja Madrid en los años de la crisis.
Aunque reconoce tener "una opinión formada" tanto jurídica como de ética ciudadana, cree que hay que "dejar trabajar" a Anticorrupción para determinar una posición jurídico penal, pues los órganos de la Fiscalía tienen asegurada autonomía "estatutaria y legalmente".
Preguntado si esta investigación podría extenderse a otras entidades similares, alguna de ellas también intervenida como Catalunya Caixa, el fiscal general ha reseñado que de momento no puede hacer más manifestaciones que la que ha tenido conocimiento (Caja Madrid y Bankia), pero ha subrayado que "siempre" que se les da traslado de un asunto, y siempre que tienen noticia de un hecho delictivo, proceden "en consecuencia".