La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha requerido a la Junta de Andalucía para que "informe si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través" del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --el denominado 'fondo de reptiles'-- se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, "en otras consejerías; a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo".
En un auto de 44 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya requiere, además, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo de la Junta para que aclare numerosos puntos sobre la documentación remitida en relación con el ERE de la empresa González Byass, mientras que también acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "a fin de que inicie una nueva línea de investigación" sobre las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y "a su entonces persona de confianza" José María Sayago Lozano.
Pues bien, además de pedir a la Junta que informe sobre si ha utilizado el denominado 'fondo de reptiles' en otras consejerías la juez se refiere en el auto a un "desplegable" aportado en el marco de esta investigación por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, antiguo IFA, y requiere a la Junta que informe si en el mismo "están todas las ayudas" que la Consejería de Empleo concedió a través del IFA, "pues se observa por ejemplo la ausencia de la ayuda sociolaboral a Río Grande o a la empresa Antonio Polonio Correa", mientras que también pide aclarar si las empresa relacionadas en el mencionado desplegable "son ayudas solamente" de Empleo a través del IFA.
De igual modo, insta a la Junta a remitir la relación de las ayudas sociolaborales y a empresas resueltas favorablemente por la citada Consejería "y no pagadas, que no están incluidas en el desplegable", y pide aclarar si las empresas vinculadas al hijo del exalcalde de El Pedroso y a Sayago Lozano "se les ha concedido ayudas todavía no abonadas, y por consiguiente no incluidas en el referido desplegable". También pide aclarar si las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo "han recibido ayudas o subvenciones de otras consejerías", así como si "otra empresa de manera significativa, o bien algún otro grupo de empresas, ha recibido ayudas o subvenciones de otras consejerías".
INFORMACIÓN SOBRE GRUPO DHULL
Sobre este particular, requiere a la Administración autonómica al objeto de que aporte un listado de todas las empresas de las que tengan conocimiento, "vinculadas con Rosendo y/o Sayago", que no se mencionan en el desplegable. Además, y respecto de los despachos de abogados Garrigues, Estudios Jurídicos Villasís, Alpha Corporate y Bufete Olivencia Ballester, pide a la Junta que aporte los contratos de asesoramiento técnico prestados desde 2001, "ya a empresas en crisis o sujetas a ERE, o en procesos en los que hayan intervenido concediendo ayudas la Dirección General de Empleo", o de asesoramiento técnico a la propia Dirección General en asuntos de ayudas sociolaborales a empresas.
En otro punto del auto, la juez Alaya se refiere a la solicitud del traslado de las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta celebrados desde 2001 hasta la actualidad --en posesión del Juzgado tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo--, y acuerda que, "una vez se examinen por esta instructora, se dará el correspondiente traslado a las partes"; también acuerda dar traslado al Tribunal de Cuentas de las actuaciones "a fin de que determine las responsabilidades contables que puedan derivarse de las mismas".
De otro lado, atiende una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía respecto a determinadas empresas, como Graficomo, Bodegas Williams Humbert S.A.U., Surcolor S.A., Grupo Dhull --pide "acta, informe o cualquier otro documento" relativo a una reunión mantenida en 2008 y "en qué carácter o representación" asistió a la misma el sindicalista e imputado en esta causa Juan Lanzas--, Manufacturas del Corcho S.A., Instaladora Moderna Electricidad S.L., Aglomerados Morell, Zoilo Ruiz Mateos (Bodegas Sandeman), Río Grande S.L., Novo Comlink España, Asociación 3 de Julio (Acyco Sal), y González Byass.
Respecto a Novo Comlink España, requiere a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para que "remita copia del expediente donde conste el acuerdo-resolución del entonces consejero Francisco Vallejo relativo a la aprobación de una ayuda a la empresa por el entonces director general de Empleo Francisco Guerrero en fecha de 26 de septiembre de 2005", acuerdo que "se cita en una carta dirigida por la empresa a los entonces consejeros de Empleo y de Innovación de fecha 14 de febrero de 2006".
GONZÁLEZ BYASS
Asimismo, y en cuanto a la empresa González Byass, requiere a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo para que informe sobre determinados puntos en relación a la documentación remitida. En concreto, se refiere al protocolo de colaboración de 16 de abril de 2008 firmado entre la Dirección General de Empleo y la asociación de antiguos trabajadores, y pide a la Junta que informe sobre "la identidad de la persona o personas que participaron en la redacción del mismo, en particular sobre las anotaciones a mano realizadas en el borrador obrante".
Al hilo, solicita la copia compulsada de toda la documentación aportada por la asociación relativa a la solicitud, tramitación y justificación de la cantidad percibida a través del pago de la prima correspondiente a la póliza de seguro de vida suscrita con Vitalicio Seguros; así como remita la carta de compromiso de pago de las primas de la póliza de seguros por la Junta.
En otro punto, la juez hace mención al listado con la relación de los pagos efectuados por el IFA desde 2001 hasta 2011, "tanto en concepto de ayudas sociolaborales como en concepto de ayudas a empresas", y acuerda dar traslado del mismo a la Agencia Tributaria "a los efectos en su caso de perseguir las posibles infracciones tributarias derivadas de los ingresos recibidos por las entidades beneficiarias de los pagos, en el supuesto de que no los hayan declarado".
RECHAZA LA PERSONACIÓN DE MERCASEVILLA
Volviendo al hijo del exalcalde de El Pedroso, la juez asevera que el importe total de las ayudas recibidas a una serie de empresas vinculadas al mismo "y su persona de confianza" asciende a 13.757.483 euros, "dándose la curiosa circunstancia de que los pagos se realizan habitualmente con repetición de las mismas fechas", y agrega que "la concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas, realizadas a través de las transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar" determinados extremos sobre estas empresas.
La juez rechaza la personación de Mercasevilla, ya que "no procede por ahora tenerla por parte hasta tanto no se complete el estudio relativo a dicha empresa y se reciba el atestado relativo a la misma, dado que hasta ese momento no podrá determinarse la condición en la que pueda personarse, ésta y el resto de empresas implicadas".
Por último, cita a declarar como imputados el próximo 24 de noviembre a Victorina Madrid Pisabarro, José Antonio Gómez Romón y Antonio González Pérez.