La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú informó que el abogado de Fujimori, César Nakasaki, ha recusado a los jueces César San Martín, Víctor Prado y Hugo Príncipe, a quienes considera parciales por haberse pronunciado en otros procesos en contra de su defendido.
Tras el escándalo de corrupción que se desató en el Gobierno de Fujimori en 2000, su principal consejero Vladimiro Montesinos lo presionó para que le pagara 15 millones de dólares como compensación laboral por los 10 años que trabajó para el Gobierno.
Fujimori hizo una transferencia de fondos estatales para pagar los 15 millones de dólares a Montesinos, teniendo a varios ministros como testigos, y con ese dinero el asesor de inteligencia se fugó del país.
Según un comunicado de prensa, la sala "ha dispuesto dar el trámite correspondiente a la recusación planteada" y "en aras de la transparencia y de garantizar el respeto al debido proceso, se ha acordado la suspensión de la audiencia".
Nakasaki declaró a Efe que "no se cuestiona su honorabilidad, pero sí tienen (los magistrados) un prejuzgamiento respecto al caso".
El letrado explicó que, en el caso del vocal Príncipe, la causal es el prejuzgamiento porque este magistrado revisó la sentencia condenatoria contra tres ex ministros de Estado, procesados previamente por este mismo caso, y "se pronunció por la responsabilidad del presidente Fujimori".
"Entonces, ya tiene un juicio adelantado", agregó.
En el caso de los vocales San Martín y Prado, Nakasaki mencionó que ambos integraron la sala que condenó hace un mes a Fujimori a 25 años de prisión por los asesinatos de 25 personas en los casos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y por el secuestro de un empresario y un periodista en 1992.
"Al decir (en la condena por esos casos) que Fujimori presidió un estado criminal, que organizó un aparato de poder que se dedicó a aniquilamientos, y que fue un dictador, ya hay una serie de juicios de valor que establecen un concepto negativo respecto a Alberto Fujimori", afirmó el abogado.
Nakasaki subrayó que, en este caso, no se cumple la garantía del tribunal imparcial.
El ex presidente peruano cumple actualmente condena de seis años de prisión por otro delito de corrupción por el allanamiento ilegal de la casa de la esposa de Montesinos en 2000.