La Fiscalía reclama para estos acusados una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho, mientras el PP, como acusación popular, solicita un año de prisión, el pago de 3,6 millones de euros y 13 años de inhabilitación para Rivas y Mellet por delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Además, el PP pide una multa de 1.350.000 euros e inhabilitación durante tres años para Ponce y Pereira, a los que imputa únicamente un delito de cohecho.
El PA, de su lado, pide para Rivas un año de cárcel, una multa de 2.250.000 euros y nueve años de inhabilitación por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras que para el resto de acusados pide el pago de 1.350.000 euros y tres años de inhabilitación por un delito de cohecho. El PSOE, de su lado, solicita para Mellet y Ponce dos años de cárcel y 18.000 euros de multa por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, exculpando a los otros dos imputados.