La Junta de Andalucía ha tramitado 21 denuncias de particulares sobre el urbanismo en esta localidad malagueña, cuyo alcalde, José Manuel Martín (PSOE), permanece detenido en el marco de la operación que investiga una presunta trama de corrupción.
El consejero andaluz de Vivienda, Juan Espadas, ha defendido las medidas tomadas por la Junta sobre el control urbanístico y ha precisado que los acuerdos municipales impugnados correspondían fundamentalmente a licencias "indebidas".
Entre 2002, año en que se aprueba la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y 2005, cuando se crea la Dirección de Inspección, la Junta ha tramitado casi 800 denuncias en municipios la comarca de la Axarquía de Málaga, de las que 85 fueron recursos contenciosos administrativos para impugnar licencias urbanísticas.
Mirar para otro lado
El PP ha criticado el "descontrol urbanístico" de la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de "mirar para otro lado".
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha anunciado que su partido pedirá en el Parlamento andaluz la celebración de un pleno extraordinario para debatir la corrupción urbanística en la comunidad.
Según Arenas, se ha puesto de manifiesto "la gravísima responsabilidad política del Gobierno de Manuel Chaves".
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha lamentado que la operación perjudique la imagen institucional, y ha insistido en que en la mayoría de los ayuntamientos se trabaja honradamente.
Construían en rústico y legalizaban con informes falsos
El alcalde de Alcaucín continúa junto a otros detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra el próximo lunes.
Martín, que es alcalde de Alcaucín y secretario local del PSOE desde 1991, fue arrestado por la Guardia Civil junto a otras doce personas en una actuación que ha destapado una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía malagueña.
Entre los otros doce detenidos -uno en Huelva y el resto en Málaga- hay familiares del alcalde, empresarios y un responsable del servicio de arquitectura de la Diputación malagueña.
El presidente de la Diputación, el socialista Salvador Pendón, ha afirmado que el trabajador detenido tenía autorización desde 1991 para compaginar su puesto con otras actividades privadas, que "no puede vigilar" la institución.
Ha anunciado que se abrirá un expediente informativo al imputado, "puesto que ahora mismo no hay más que indicios".
El municipio de Alcaucín ha estado en los últimos años en el punto de mira de los ecologistas, que han denunciado el proceso urbanizador en el suelo rústico de esta comarca, en cuyo campo calculan que se han construido unas 20.000 viviendas.
La trama supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros, para lo que los empresarios supuestamente pagaban dinero o en especie a los cargos públicos, y después trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos. LA