La ciudad de Sucre, sede del poder judicial boliviano, acogió hoy la primera jornada del juicio contra el segundo Gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada para determinar la responsabilidad por las más de 60 muertes y los 400 heridos que provocó la represión militar a una oleada de protestas sociales en octubre de 2003.
De los 17 imputados por este caso, nueve se encuentran fuera de Bolivia, en concreto el propio Sánchez de Lozada y ocho de sus ex ministros.
Tras iniciarse el juicio, Ángel Irusta, presidente del tribunal formado en la Suprema para juzgar este caso, anunció la orden de captura, lo que permitirá a la Fiscalía tramitar la extradición de varios de los imputados.
En concreto, Irusta declaró en rebeldía y ordenó capturar a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), Mirtha Quevedo (Participación Popular) y Javier Torres Goitia (Salud), a los que Perú ha concedido asilo recientemente.
También se emitirán órdenes de detención contra el ex ministro de Agricultura Guido Áñez Moscoso, quien reside en Estados Unidos, y el ex ministro de Educación Hugo Carvajal, el cual, según información preliminar de la Fiscalía, se encuentra en España gestionando un pedido de asilo.
Se dispuso además la captura del ex ministro de Gobierno (Interior) Yerko Kukoc, cuyo paradero se desconoce.
Irusta justificó la decisión de captura en que todos estos imputados no se presentaron a la audiencia y en que salieron del país sin las autorizaciones pertinentes pese a tener un proceso en contra.
El magistrado determinó además la hipoteca de los bienes de los ex ministros y la publicación de sus datos en medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión.
El fiscal Milton Mendoza dijo que la decisión del tribunal permitirá pedir al Gobierno de Lima la suspensión de los asilos a Torres Obleas, Torres Goitia y Mirtha Quevedo y buscar a los otros para pedir su captura y extradición.
"Primero tendremos los mandamientos de aprehensión como efecto de la declaración de rebeldía, después pediremos la ayuda judicial internacional y después tramitaremos la extradición", dijo Mendoza.
A la audiencia sí acudieron los ex ministros Adalberto Kuajara (Trabajo), Dante Pino (Servicios Financieros) y Erick Reyes Villa (Medio Ambiente), además de cinco ex jefes de las Fuerzas Armadas que dirigieron las operaciones de represión en 2003.
Contra la mayoría de ellos, incluido el ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), pesa la denuncia de "genocidio" en su variante de "masacre sangrienta".
El ex mandatario, que abandonó Bolivia el 17 de octubre de 2003, y los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos) ya fueron declarados hace dos años en rebeldía y Bolivia tramita su extradición ante EE.UU.
Para todos los imputados declarados en rebeldía (en total ocho ex ministros y el propio Sánchez de Lozada) se suspenden los plazos de enjuiciamiento hasta que sea posible tenerlos en Bolivia, sin que suponga la prescripción de los delitos.
Tras el anuncio de las órdenes de captura, el juicio por el caso del "octubre negro" quedó suspendido porque uno de los ex ministros que están fuera de Bolivia, Yerko Kukoc, presentó a través de sus abogados una recusación contra todos los magistrados del tribunal.
Esta circunstancia frenará la audiencia hasta que haya un pronunciamiento sobre esa recusación.
Unas doscientas personas se concentraron hoy a las puertas de la Corte Suprema en apoyo a este proceso judicial y para pedir que Sánchez de Lozada y sus ministros vayan a la cárcel.
Entre estas personas estaban varios de los heridos en los enfrentamientos ocurridos en 2003 como Dionisio Cáceres, de 32 años, que perdió la pierna izquierda, y Luis Castañón, de 29, y Francisco Apaza, de 62, que perdieron respectivamente la pierna derecha y el brazo derecho por disparos del Ejército.
También acudieron familiares de los fallecidos, quienes cuestionaron la decisión del tribunal de aceptar la suspensión del juicio por la recusación de Kukov.
Además reclamaron que Perú revierta el asilo otorgado a los tres ex ministros que se encuentra en ese país.
Esta decisión ha provocado un incidente político entre el Gobierno de Alan García y el presidente Evo Morales, que ha criticado el refugio peruano de quienes considera "delincuentes".
Precisamente, Morales figura como uno de los testigos presentados por la Fiscalía para el juicio, si bien Mendoza dijo hoy a Efe que no sabe en qué momento puede presentarse a declarar en persona o por escrito, ante el aplazamiento de la vista por la recusación.