A su juicio, no hay motivo para declarar la "complejidad" de la instrucción, que da por concluida. La causa se incoó en abril de 2008 por un presunto trato de favor hacia el constructor y presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, barrio de la ciudad en la que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.
Según considera el juez en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, "lo que se han denominado posibles irregularidades en el plan Rabasa, resulta que de las diligencias practicadas no ha quedado suficientemente justificada la comisión del delito que ha dado lugar a la formación de la causa".
El escrito del juez se ha trasladado a las partes minutos antes de las 14.00 horas, según han confirmado a Europa Press este jueves, fuentes cercanas al caso. El magistrado asegura que el plan Rabasa "no es una actividad delictiva. Y por ello, las actuaciones encaminadas a su tramitación, aprobación y ejecución no pueden ser definidas ab initio como una trama".
La investigación arrancó como pieza separada del caso Brugal y en el procedimiento estaban imputados la exalcaldesa 'popular' de Alicante, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz. A la exedil se le atribuían los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
La pieza arrancó de un informe policial realizado por los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante en una derivada de la investigación del caso Brugal, relativo a las basuras en la Vega Baja.
((Habrá ampliación))