Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, desde el año 2006 el procesado, que permanece en prisión provisional desde lo ocurrido, convivía en su domicilio, en Pinos Puente, con su compañera sentimental, R.R.C., si bien la relación de pareja se fue deteriorando hasta que el 1 de junio de 2010 ella interpuso denuncia contra él por malos tratos y amenazas, que motivó que se dictara para el hombre una orden judicial de alejamiento.
No obstante, el procesado hizo caso omiso a la prohibición, que incluía que abandonara el domicilio en el que vivía con la mujer, y el 24 de junio de 2010, en una calle céntrica de la localidad granadina, detuvo su ciclomotor frente a su expareja a menos de 50 metros y "la miró fijamente con intención de inquietarla".
En la mañana del 1 de julio de 2010, el hombre, aún vigente la medida cautelar, "resentido" con la mujer por la situación que estaba viviendo, decidió acabar con la vida de ésta, y provisto de una azada con pala de hierro, de 13,5 centímetros de ancho y 14 de largo, se dirigió en su ciclomotor a buscarla, "dispuesto a llevar a cabo su propósito".
Sobre las 12,30 horas la localizó en la calle Real, y "con la evidente determinación de causarle la muerte", le golpeó con la azada por la espalda, a la altura del hombro derecho, sin que la mujer "pudiera en forma alguna defenderse por los repentino e inesperado de la acción, a lo que se añadía su grave deficiencia visual", ya que tenía reconocida por este motivo un grado de minusvalía del 77 por ciento.
Tras el primer golpe, el inculpado continuó golpeando a su ex con la azada, propinándole tres más en el hombro, otro en una zona próxima al cuello, y otro en la región cervical, hasta que la mujer cayó al suelo, donde siguió agrediéndola, hasta destruirle el cráneo, lo que provocó su muerte inmediata.
Pese a que ya estaba fallecida, el hombre continuó golpeándola hasta que un viandante le consiguió arrebatar la azada y le conminó para que cesara la agresión, a lo que el acusado le contestó "qué, vas a ayudarla, no ves que está muerta", marchándose en su moto tras referir que se iba al cuartel de la Guardia Civil. En las inmediaciones fue localizado poco después, y comentó a uno de los agentes que estaba "orgulloso" de lo que había hecho porque, según le dijo, le iba a quitar la casa y antes él se la había "quitado de en medio".
La fallecida, de entonces 41 años, tenía cuatro hijos, el mayor de 18 años y otros tres menores de edad, para los que la Fiscalía pide una indemnización de 60.000 euros para cada unos de ellos, más otros 24.000 para su madre, en concepto de daños morales. Se atribuye al acusado un delito de asesinato con la agravante de parentesco, y quebrantamiento, por vulnerar la orden de alejamiento.