El documento recoge la declaración de independencia que los diputados de JxSí y la CUP firmaron el 10 de octubre en una sala del Parlament, una declaración que nunca entró en vigor porque el presidente catalán, Carles Puigdemont, la dejó en suspenso.
Así, el documento no proclama la independencia, sino que insta al Govern a que lo haga sin precisar cómo debe hacerlo, y también reclama al Ejecutivo catalán "declarar el inicio y apertura del proceso constituyente".
Cs, PSC y PP han presentado peticiones de reconsideración ya que consideraban que la propuesta vulnera el Estatut y la Constitución, que se basa en un referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional (TC), y también citan el informe de los letrados de la Cámara, que advierten a los miembros de la Mesa de que se enfrentan a responsabilidades penales si no paralizan la iniciativa. La Mesa del Parlament ha rechazado esas peticiones.
La Junta de Portavoces y la Mesa también han sostenido que la propuesta de resolución de JxSí y la CUP se ha presentado dentro del plazo, pese a que Cs alertaba de que se había presentado más tarde y que no se debía admitir.
La Mesa lo ha hecho pese a que Fiscalía General del Estado prevé una querella por un delito de rebelión contra los miembros de la Mesa en caso de que admitieran a trámite una declaración de independencia.
Según el reglamento del Parlament, la Mesa debe admitir a trámite todas las propuestas de resolución que son "congruentes" con el objeto de debate del pleno, que en este caso es abordar una respuesta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía.