El empresario y promotor inmobiliario David Marjaliza acusa al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de haber llevado a cabo su "detención ilegal" en el marco de la 'operación Púnica', y detalla que en febrero pasado pagó 2,4 millones a Hacienda como primer pago para regularizar los fondos que tenía en Suiza.
En un recurso de apelación dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, superior jerárquicamente al juez instructor, la defensa de Marjaliza destaca la "nulidad absoluta e insubsanable" del auto por el que fue enviado a prisión el pasado viernes, al haber sido puesto a disposición judicial "cuando habían transcurrido 96 horas desde la detención" y después de "cuatro días" en los "calabozos policiales".
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la prolongación del arresto más allá de "los plazos máximos de detención constitucional" de 72 horas, que se produjo al agregar al primer plazo de detención policial un segundo de arresto judicial, "no tiene cabida cuando el juez ha formado sumario y los funcionarios actúan bajo su dependencia funcional".
También considera que la prolongación de la detención atenta contra el artículo 17 de la Constitución, que recoge el derecho a la libertad y la seguridad personal y la posibilidad de solicitar un 'habeas corpus' durante el periodo de detención, y contra el 24, en el que se establece el derecho a la tutela judicial efectiva. "Es manifiestamente contrario a Derecho la decisión de acordar una detención judicial de quien ya se encuentra detenido", señala el escrito.
La defensa de Marjaliza, presunto 'conseguidor' de la organización de la que formaba parte el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid, Francisco Granados, señala que el auto de prisión de Velasco, "estereotipado y preelaborado, no contiene una sola referencia" a la demanda de esta parte en relación con su puesta a disposición judicial.
PAGO DE 10 MILLONES PARA REGULARIZAR El recurso también combate la imputación de Marjaliza por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales aportando copia de las declaraciones tributarias que presentó para regularizar los fondos de cinco cuentas en Suiza pertenecientes a las sociedades Sheraton y Droz&Co, que motivaron la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de Lausana.
El total de la cuota a ingresar asciende, según la defensa de Marjaliza, a 7,3 millones de euros, a los que habría que añadir un recargo por presentación extemporánea de 1,4 millones y unos intereses de demora de 2 millones más. En febrero el empresario ingresó 2,4 millones de euros ("la máxima cantidad de dinero de la que se disponía en España") y pidió el aplazamiento de pago de las restantes cuotas.
"Como se desprende de la documentación aportada, el hecho que motivó la investigación de las presentes diligencias ya había sido puesto en conocimiento de la Administración por mi representado", señala el escrito del abogado José Antonio Choclán, que añade que Marjaliza incluyó declaraciones complementarias de IVA y del Impuesto sobre la Renta incluyendo ejercicios fiscales "prescritos" como las de 2003.
El escrito también señala que en marzo el constructor "apoderó irrevocablemente" a la Agencia Tributaria para que cobrara de forma íntegra las "deudas tributarias" que mantenía y a los bancos BNP y UBS para que procedieran al pago con cargo a sus cuentas.