La Fiscalía ha recurrido este miércoles la decisión de Castro y ha solicitado en su escrito que sea el Pleno el encargado de estudiar su apelación.
Grande-Marlaska se comprometió ya desde su nombramiento a hacer uso de su prerrogativa de avocar al Pleno asuntos por decisión personal y a respetar el criterio de la mayoría de los jueces que integran la Sala.
Según establece el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial los magistrados podrán ser llamados para formar Sala aunque la ley no lo exija "cuando el presidente o la mayoría de aquellos lo estime necesario".
La decisión de Marlaska de no pronunciarse provoca por tanto que la revisión de la libertad condicional de Bolinaga por parte del Pleno dependa de la solicitud en este sentido de 10 de los 18 jueces que componen la Sala en este caso.
Si los magistrados proclives a la revisión en Pleno no alcanzan esta cifra será la Sección Primera --también presidida por Grande-Marlaska-- la encargada de decidir si Bolinaga queda o no en libertad condicional.