Los miembros del 'clan Polverino' de la Camorra napolitana tenían la capacidad de intimidar y causar miedo sólo con mencionar el apellido de su capo, Giuseppe Polverino, alias 'O Barone', uno de los 21 acusados que se sientan desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Nacional, ha asegurado el fiscal durante la primera jornada de la vista oral.
El tribunal ha rechazado las cuestiones alegadas por las defensas que solicitaban la anulación del juicio por prescripción, dilaciones indebidas y cosa ya juzgada. También reclamaban la nulidad de las intervenciones telefónicas practicadas a algunos de los presuntos miembros del clan, al que se juzga por el tráfico de hachís y el blanqueo de capitales que habrían llevado a cabo a través de una estructura centrada en inversiones inmobiliarias y desarrollada en España a partir de los años 90.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas de diez años y cuatro meses de cárcel, por la comisión de un delito continuado de blanqueo de capitales y de asociación ilícita. Para uno de ellos, Vicenzo Panico, reclama, además, un año y nueve meses por tenencia ilícita de armas. También acusa a una treintena de sociedades empleadas como pantalla en el lavado del dinero y solicita para todos los acusados indemnizaciones millonarias.
El juicio se centrará en analizar la época en la que se produjo la transición entre el conocido como 'clan Nuvoletta', importante organización criminal de la Camorra cuyo declive empezó en los 90, y su heredero, el 'clan Polverino'. Los fiscales defienden que el principal acusado, 'O Barone' tomó el relevo tras la muerte o el ingreso en prisión del grupo mafioso original, y cimentó la actividad delictiva del grupo en las ganancias obtenidas en el ladrillo español.
La complicada operativa de esta 'asociación criminal' parece haberse contagiado a la vista oral, que discurrirá a diario manteniendo una doble videoconferencia con Italia, donde se encuentran encarcelados dos de sus principales puntales, el propio capo, y su mano derecha
Raffaele Spasiano.
El Ministerio Público considera que Polverino fue adquiriendo notoriedad y poder en el clan y dominó las inversiones desde los 90 hasta 2010. Advierte que esos negocios diseñados para blanquear el dinero de la venta de droga, continúan dando sus frutos a día de hoy, gracias al cobro de alquileres de las viviendas del principal de los complejos urbanísticos propiedad del grupo mafioso, el 'Marina Palace' de Tenerife.
La operación policial que logró en 2013 la desarticulación del clan contó con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Para ello contaron con la colaboración de la Fiscalía de Nápoles y la Dirección Antimafia, pero sobre todo con el testimonio en el 2010 de tres arrepentidos de la justicia italiana que delataron su modus operandi.
La organización liderada por 'O Barone' asumió tras desaparecer la 'Nuvoletta' en 2011 el monopolio de tráfico de hachís en la zona de Nápoles, convirtiéndose en una de las organizaciones más poderosas de la Camorra napolitana.
Este clan, debido a la situación estratégica de España, cercana a Marruecos --origen de la droga-- estableció en nuestro país varias células territoriales denominadas 'paranzzas' con el fin de coordinar los envíos de droga a Italia, normalmente procedentes de Marruecos, y blanquear después los fondos procedentes del narcotráfico a través de operaciones inmobiliarias.
En concreto, realizaron a finales de la década de los 90 importantes inversiones inmobiliarias en las Islas Canarias, donde llegaron a participar en la construcción del complejo turístico 'Marina Palace', en Tenerife.
Según relata el fiscal en su escrito de acusación provisional, estableció tres grupos, repartidos en la Costa Dorada de Tarragona, en la Costa del Sol malagueña y en Alicante, que desplazaban sus actividades de norte a sur de España según avanzaba la presión de los investigadores.
El primer grupo lo formaban los componentes del clan, todos italianos con fuertes vinculaciones con nuestro país; el segundo lo conformaban sus familiares directos y en el tercero estaban los colaboradores que facilitaban la estructura de domicilios y vehículos.
El clan adoptaba además medidas de seguridad extremas adoptadas por el clan y sus integrantes se limitaban a utilizar 'sms' en sus comunicaciones con números de teléfono prepago que cambiaban con asiduidad y estaban a nombres de terceras personas.
Además, de Giuseppe Polverino, están acusados Raffaele Spasiano, Prieto Nocera, Renato Melappio, Riccardo Capasso, Armando Orlando, Raffaele Orlando, Domenico di Giorgio, Mario Varriale, Antonio Seppe, Sheryl Rogers, Vincenzo Panico, Alessandro Capasso, Salvatore Sepe, Davide Sepe, Stefano Varriale, Giovanni Lorenzo Lecci, Mostafa Ouarab, Ida Felaco, Silvia Felaco y Maria Michelino.