"El Gobierno, en el ejercicio responsable de su función de velar por la legalidad, interpuso una demanda de anulación de esa candidatura, por entender que había material probatorio suficiente para acreditar que era sucesora de Batasuna", señala la nota.
El Tribunal Supremo, en su auto del pasado día 16, estimó las demandas interpuestas por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, y declaró no conforme a Derecho su proclamación y anuló la candidatura.