El ministro compareció a puerta cerrada ante los diputados y senadores de la Comisión de Defensa, ante quienes confirmó la existencia de tres casos de "inusitada gravedad" que afectan a la Armada, cuya investigación administrativa y judicial está en marcha y seguramente culminarán con penas de prisión, explicaron los participantes en la reunión al término de la misma.
Rosadilla acudió al Parlamento como consecuencia de las denuncias que saltaron a la luz pública la semana pasada y que apuntaban la existencia de una red de compras falsas de material, la malversación de fondos de Naciones Unidas destinado a pagar las misiones de paz y la existencia de una cuenta secreta con dinero público en Alemania fuera de los controles oficiales.
"Rosadilla nos informó de esas tramas, algunas de ellas tienen varios años, relató cómo se están llevando las investigaciones y qué implicaciones tienen. Es una denuncia extremadamente grave, más de lo que se ha visto en la prensa en un principio", explicó a Efe el diputado Javier García.
El diputado, del opositor Partido Nacional, consideró, sin embargo, que las decisiones del ministro respecto al caso han sido hasta el momento "adecuadas" y señaló que "se han tomado los pasos correctos" para esclarecer el asunto.
El caso más importante, el de las compras falsas, ya causó la semana pasada la destitución fulminante de cuatro oficiales de la Armada, uno de ellos el agregado militar de Uruguay en Brasil, para que respondan por las irregularidades.
En un principio la Justicia investigó la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para ensayar motores, por los que el Estado habría pagado en 2008 un total de 600.000 dólares, pero que nunca aparecieron en ninguna dependencia de la Armada.
La denuncia de este caso llegó a la fiscalía de forma anónima hace varios meses e investigaciones posteriores apuntan a que casos de este tipo se habrían realizado de forma más o menos sistemática en la Armada desde el año 2000 y que se habría producido un desfalco de entre tres y cinco millones de dólares.
Precisamente los militares supuestamente involucrados en este asunto declararon hoy ante la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti, que dirige la investigación, si bien no se conoce el contenido de sus declaraciones por encontrarse aún en fase de sumario, indicaron a Efe fuentes judiciales.
En sus investigaciones Gatti también ordenó interrogar a cerca de 40 empresarios proveedores de la Armada para establecer si existe una red de compras "fantasma" en la fuerza.
Las repercusiones políticas también han sido importantes, después de que Rosadilla aludiera a la "responsabilidad" de sus antecesores por lo sucedido, lo que en un principio hizo apuntar a los ex ministros Azucena Berrutti, José Bayardi y Gonzalo Fernández, todos del Frente Amplio y próximos al ex presidente Tabaré Vázquez.
Ante las críticas internas, Rosadilla señaló, sin nombrarlo directamente, a un ministro de la administración de José Batlle (2000-2005), Yamandú Fau, diciendo que existía una investigación judicial en su contra.
Fau, del opositor Partido Colorado, consideró estas acusaciones como "un recurso político deleznable" y una "actitud injustificable" para "disimular el brutal error" de haber culpado a ex ministros de su partido.
Este caso, así como las consecuencias que podrían tener las denuncias en el futuro, no fueron tratados en la comisión, si bien García apuntó que "de confirmarse las denuncias", la gravedad de los hechos hace que sean necesarias medidas "no sólo administrativas y políticas, sino políticas, porque notoriamente hay responsabilidades superiores".