De acuerdo con el sondeo de la firma Datafolha, el porcentaje de brasileños que califica la gestión del Congreso como mala o pésima subió desde el 31 por ciento en noviembre del año pasado hasta el 37 por ciento en marzo de 2009.
El índice de rechazo al Legislativo aún está por debajo del 45 por ciento que llegó a tener en noviembre de 2007, cuando igualmente una serie de denuncias de corrupción obligó al entonces presidente del Congreso, senador Renán Calheiros, a renunciar a su cargo.
De la misma forma, el índice de aprobación del Congreso cayó desde el 19 por ciento en noviembre hasta el 16 por ciento en marzo.
El alto índice de rechazo al Legislativo contrasta con el 65 por ciento de aprobación que obtuvo en marzo el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según la misma encuesta.
La popularidad de Lula, sin embargo, también cayó frente al 70 por ciento que tenía en noviembre pasado, pero no por denuncias de corrupción sino por la crisis global, que ha provocado un aumento del desempleo y una fuerte caída en la producción industrial.
Según los analistas de Datafolha, la imagen del Congreso volvió a ser afectada por las denuncias de irregularidades, como la que obligó esta semana al presidente del Legislativo, senador José Sarney, a eliminar 50 de los 181 cargos de director ejercidos por funcionarios, que eran premiados con jugosos salarios.
El Senado, según las denuncias divulgadas por la prensa, contaba con dirigentes cuestionables, como un director de aeropuerto, que se encargaba de comandar un equipo de cinco personas encargadas de ayudarle a los senadores a despachar sus maletas.
El mes pasado el entonces recién nombrado "corregidor" del Congreso, diputado Edmar Moreira, tuvo que renunciar a ese cargo luego de que la prensa publicara fotografías de un fastuoso castillo que construyó en una propiedad suya en el estado de Minas Gerais y que no figura en su declaración de renta.
Otra denuncia salpicó directamente a uno de los principales aliados de Lula en el Congreso, el senador Tiao Viana, que tuvo que reconocer que le prestó a su hija para un viaje a México un teléfono móvil cuyas cuentas son costeadas por el Parlamento.
Viana se comprometió a pagar la cuenta del teléfono, pero se negó a informar el valor, aunque algunas versiones de prensa la describieron como astronómica.
La semana pasada, a través de la prensa, se supo que en enero pasado, cuando el Senado estuvo de receso, se pagaron unos 6 millones de reales (2,6 millones de dólares) en "horas extras" a decenas de parlamentarios y funcionarios.
También la semana pasada surgieron denuncias de que muchos senadores "donan" a familiares o amigos los pasajes de avión que tienen derecho a usar mensualmente a cuenta del Congreso para viajar entre sus estados de origen y Brasilia.