Este colectivo denuncia que "si un delincuente te rompe objetos personales, la Guardia Civil sí resarce económicamente, pero no por lesiones y agresiones". Admiten que "este es un problema de la ciudadanía en general", pero añade que "es especialmente perjudicial para los funcionarios públicos que ven como cada día aumentan las agresiones hacia ellos".
Afirman que sí existe un fondo o seguro que se hace cargo de manera subsidiaria de esas indemnizaciones con otros delitos como los relacionados con el tráfico o la seguridad vial así como el Fondo de Garantía Salarial con el que el Estado responde ante los trabajadores.
AEGC cita un caso concreto del pasado mes de julio en el que el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife (Lanzarote) condenó a una persona como autora de varios delitos, entre ellos por un delito de resistencia y desobediencia a agente de la autoridad, con motivo de la agresión sufrida por un Guardia Civil del Puesto Principal de Tías cuando evitaba la comisión de un delito en un domicilio particular.
En la sentencia dictada, se imponía al autor el pago de una indemnización al Guardia Civil agredido de 455 euros, por las lesiones sufridas, así como 4.732,95 euros por las secuelas y el pago de las costas judiciales. "Pues bien, el condenado -declarado insolvente-, no solo no ha abonado ni un solo euro, sino que los gastos ocasionados en el proceso penal han recaído sobre la espalda del Guardia Civil agredido", zanjan.