Técnicamente, lo que harán estos ciudadanos será instar a la Comisión Europea a que proponga un texto legislativo relativo a alguno de los temas en los que la Comisión está facultada para impulsar leyes (agricultura, medio ambiente, transportes o salud pública, etc).
COMITÉ DE CIUDADANOS
Los impulsores de estas iniciativas deberán crear un Comité de Ciudadanos que tendrá que estar integrado, como mínimo, por siete ciudadanos de la UE residentes en, al menos, siete Estados miembros distintos. Para formar parte del comité habrá que tener edad para votar, es decir, 18 años, salvo en Austria, donde se puede ejercer este derecho desde los 16.
El comité de ciudadanos deberá inscribir su iniciativa en el registro de la página web que la Comisión ha habilitado al efecto -- http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome--. Una vez confirmada la inscripción se abrirá un plazo de un año para la recogida de firmas.
Podrán suscribirla todos los ciudadanos de la UE con edad suficiente para votar, pero para adherirse no bastará con firmar, sino que habrá que rellenar un formulario específico que facilitarán por los promotores en soporte papel o por medios electrónicos.
TRES MESES PARA RESPONDER
Una vez reunidas y verificadas las firmas, habrá tres meses para que la Comisión examine el texto y se pronuncie al respecto. Los promotores se reunirán con representantes de la Comisión para explicarles los detalles del mismo e incluso podrán presentarlo en una audiencia pública en el Parlamento Europeo
Tras su análisis, la Comisión aprobará un documento oficial explicando si piensa o no tener en cuenta la iniciativa popular y por qué, así como especificando las medidas que piensa poner en marcha en el caso de que opte por atender la solicitud de los ciudadanos. Esta respuesta consistirá en una Comunicación que recibirá la adopción formal del Colegio de Comisarios y se publicará en todas las lenguas oficiales de la UE.
Si la Comisión decide legislar en respuesta a una iniciativa, se pondrá en marcha el procedimiento legislativo habitual: la propuesta de la Comisión se remitirá al legislativo europeo (por lo general el Parlamento Europeo y el Consejo, o solo el Consejo en determinados casos) y éste tendrá la última palabra para decidir si se convierte en ley.