El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, instructor del 'caso PLAZA' ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 25 acusados de diez delitos económicos que se pudieron cometer en el desarrollo de la obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza, cuya sociedad pública fue constituida en el año 2002.
La investigación de esta presunta trama de corrupción comenzó en el verano de 2013. El magistrado solicita como garantía a los acusados más de 149 millones de euros por posibles responsabilidades civiles y más de 11 millones para garantizar el pago de posibles multas.
Entre los acusados del también conocido como 'caso saqueo' se encuentran el exgerente de PLAZA, Ricardo García Becerril; el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez; el empresario y expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y el exviceconsejero del Gobierno de Aragón y exconsejero delegado de PLAZA, Carlos Escó; el actual presidente de Porcelanosa, Manuel Miguel Colonques, entonces administrador de la empresa Maguitel; los exdirectivos de Acciona, Miguel Ángel Bretón, José María Jordán, José Luis Rodríguez Cachafeiro, y Nicolás Adrianes Groeneveld, de Intecsa-Insarsa, empresa que junto a la UTE Acciona-Mariano López Navarro se encargaron de realizar las obras.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Los
acusados habrán de responder por los delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, malversación, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Al no haberse formulado acusación alguna, ni por parte del Ministerio Fiscal, ni por las acusaciones particulares se ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones frente a María Del Carmen Castillo Arévalo, de la empresa Hernández Langa.
También se encuentran en la lista de acusados, José Luis Bellido, que fue jefe de obras de la empresa Mariano López Navarro, en UTE con Acciona; los hermanos José Luis y Ramón Margalejo, de Margalejo S.L.; José Luis Zafra, trabajador de Acciona; Francho Javier Escolano; Miguel Ángel Cantero, administrador de Cantero Roca Consultores y su esposa María Luisa Roca; Miguel Ángel Floria, administrador del Grupo Floria Empresarial; María Elena Plante, esposa de Ricardo García Becerril y sus hijas Carolina García y Patricia; María del Mar Jaso, administradora de una empresa que facturó a la UTE; Enrique González Alamán; Francisco Joven; Alejandro Viñuales, jefe de obra de la UTE Necsi/MLN.
PETICIONES
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal solicita para Ricardo Garcia Becerril, por 9 delitos un total de 23 años de prisión, para José María Jordán Rando y Nicolaas Adrianus Groeneveld. más de 10 años para cada uno de ellos, para Carlos Escó mas de 7 años; para Manuel Miguel Colonques y Agapito Iglesias, 5 años de cárcel para cada uno de ellos por un delito continuado de cohecho y otro de falsedad en documentos mercantiles.
El abogado del Estado pide para García Becerril, una pena de prisión de dos años por un delito contra la Hacienda Pública, así como la inhabilitación para el ejercicio de industria y comercio, una multa de 400.000 y la pérdida del derecho a poder obtener subvenciones o ayudas públicas, así como la del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 3 años.
En cuanto a las medidas de situación personal, adoptadas durante la instrucción del caso y referidas a la limitación de la libertad personal y las obligaciones de presentación en el juzgado de los acusados, el magistrado ha decidido en su resolución que se mantengan tal y como están a día de hoy.
Con el fin de garantizar el pago de las responsabilidades civiles, solicita el instructor en su auto a los acusados el ingreso de un total de 149.108.735,92 euros y para garantizar el pago ante la imposición de posibles multas un total de 11.019.575 euros.
El fiscal solicita asimismo que José Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Pérez, José María Jordán, José Luis Rodríguez Cachafeiro y Nicolaas Adrianus Groeneveld indemnicen a la sociedad Plaza en la cantidad de 147.298.216,75 euros.
A Francisco Hernández Fuertes, entonces propietario de la empresa Construcciones Hernández Langa, le pide el fiscal que indemnice a PLAZA S.A. con 148.657,40 euros.
RESPONSABILIDADES CIVILES
Entre las cantidades solicitadas para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que los acusados hayan de abonar, el magistrado en su auto establece que Ricardo García Becerril, Miguel Ángel Pérez Cervantes, José María Jordán, Miguel Ángel Bretón, Nicolaas Adrianus Groeneveld, José Luis Rodríguez Cachafeiro, José Luis Bellido, Alejandro Viñuales afronten conjunta y solidariamente 140.626.600,54 euros y, subsidiariamente deberán garantizar dicha cantidad Acciona Infraestructuras, S.A., Mariano López Navarro, S.A. e Intecsa-Inarsa, solidariamente entre sí.
Mar Jaso, 1.599.774 euros; Ricardo García Becerril por el perjuicio sufrido por la Hacienda Pública en atención al IRPF 205.727,82 euros; Carlos Escó y Miguel Floría, conjunta y solidariamente, 263.656,60 euros. También pide a Carlos Escó por los perjuicios sufridos por la adquisición de la finca del llamado caso Sanedi por parte de Plaza, 4.502.685,72 euros.
Asimismo, como garantía por las multas que en su caso se pudieran imponer solicita el magistrado a los acusados que hagan efectivos unos 11 millones de euros.