Según explica el PNV, el proyecto de Ley de racionalización del sector público pretende implantar la licencia deportiva única, que habilitará a su titular para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial, justificando tal medida en la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito del deporte no profesional para eliminar duplicidades y reducir los trámites necesarios para la práctica administrativa.
La portavoz nacionalista de Educación, Isabel Sánchez Robles, portavoz en la Comisión de Educación y Deporte, sostiene que "el Estado carece de habilitación competencial" para llevar a cabo dicha medida porque, según recuerda, "el deporte es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas".
A su juicio, eso pone de manifiesto que la implantación de la Licencia única deportiva que pretende el Gobierno es "netamente anticonstitucional desde un punto de vista jurídico e implica una nueva regresión del modelo autonómico".
INICIATIVA EN EL CONGRESO
En ese contexto, el PNV defenderá el próximo miércoles en la Comisión de Educación del Congreso una iniciativa reclamando el "respeto escrupuloso de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia deportiva sin intromisión y vulneración de las mismas tanto en el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa presentado recientemente por el Gobierno español en lo referido a las licencias deportivas como en futuras iniciativas legislativas".
En un segundo punto de la proposición no de Ley, el grupo parlamentario vasco insta al Gobierno a "promover una mayor optimización de los recursos y entramado deportivo-institucional estatal sin imputar al deportista-ciudadano nuevas cargas económicas que no le corresponden sin menoscabo de las competencias que ostentan las Federaciones Autonómicas y Territoriales".
Y es que Sánchez Robles acusa al Gobierno español de "generar un conflicto donde no lo había" al no ser esta una cuestión demandada por el colectivo de federaciones y critica el "establecimiento de la obligatoriedad 'legal' de federarse, quieran o no, en el ámbito estatal", cercenando el carácter voluntario intrínseco a la libertad de asociación.
"Ahí se esconde la verdadera voluntad del Gobierno español, que es la de compensar la importante reducción del 40% de las subvenciones que recibían las federaciones estatales con cargo a los Presupuesto Generales a costa del bolsillo de los deportistas con licencia federativa autonómica", asegura Sánchez Robles.