En un decreto, el Juzgado de Primera Instancia número 97 de Madrid acuerda dar el acto de conciliación por "intentado sin efecto, con imposición de costas al conciliante" que sería Iglesias. Aunque en el texto no recoge la cifra exacta a la que ascienden dichas costas, fuentes jurídicas han señalado que la cantidad es de 1.500 euros, al no comparecer "con la documentación acreditativa de ostentar tal condición".
Como Iglesias se encontraba en Bruselas, su compañero de partido Juan Carlos Monedero acudió al acto, que no se pudo celebrar finalmente porque no tenía poder notarial para representarle.
Pablo Iglesias interpuso una demanda de conciliación contra Aguirre después de que le relacionara con el régimen de Hugo Chávez, el de Fidel Castro y con manifestaciones de apoyo a ETA. En la demanda solicitaba que la dirigente popular se retractase de sus palabras y que le indemnizara con 100.000 euros.
"En este acto, por la defensa de la parte conciliada, se puso de manifiesto la existencia de defectos en el poder para pleitos otorgado por la conciliante a favor del procurador", se añade en el documento.
No hay subsanación
En el apartado de fundamentos de derecho, el juez expone que no se ha procedido a la subsanación en el plazo concedido de conformidad a los artículos 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 231 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Un precepto legal establece que "los demandantes y los demandados están obligados a comparecer en el día y hora señalados". "Si alguno de ellos no lo hiciere ni manifestare justa causa para no concurrir, se dará acto por intentado sin efecto, condenándole en costas", agregan.
Acto de conciliación decaído
El pasado martes, Aguirre sí acudió a los Juzgados para asistir al acto de conciliación. Tras criticar que fuera la primera vez que en España se dirime una cuestión ideológica en los tribunales, afirmó que su intención era pedir a Iglesias hasta 500.000 euros y donarlos a la orden de los misioneros españoles fallecidos por ébola.
Ya el miércoles en una entrevista radiofónica, Aguirre explicaba que la ley dice que "cuando una persona no trae el poder, el secretario (judicial) debe declarar por decaído el acto de conciliación y condenarle en costas". "En principio tendría que decaer", señaló después de reiterar que le gustaría escuchar a "estos señores decir que están contra ETA, contra el chavismo y contra el castrismo".
Por su parte, Monedero, tras quedar aplazada la citación, señalaba que se había tratado todo de una "argucia legal" por parte del abogado de Esperanza. "Como acostumbran los partidos de la casta, en vez de ir al corazón de las cosas utilizan cualquier tipo de argucias legales, no para impedir los procedimientos, sino para retrasarlos", indicaba.
Monedero aseguró que la conciliación sería "más adelante". "El abogado de Aguirre ha impugnado el acto hoy porque yo no podía acreditar suficientemente que soy Juan Carlos Monedero y que los estatutos de Podemos no estaban presentes", explicaba.