Así las cosas, ahora el debate deberá posponerse hasta que el CGE se pronuncie sobre si este texto se adecua a la Constitución y al Estatut, y tiene un plazo de 30 días para hacerlo.
El proyecto de ley superó el pasado miércoles su penúltimo trámite, al aprobarse su dictamen en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament con los votos de CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA y el rechazo de PP y C's.
En el preámbulo del texto, se sostiene que el hecho de que la Generalitat desarrolle una acción exterior pasa a tener, con la aprobación del Estatut de 2006, "carácter obligatorio y configura un ámbito de actuación legalmente establecido".
El objeto de la norma es lograr "la máxima proyección exterior de Catalunya y de sus intereses", así como posicionarse como un actor internacional activo en materias de su competencia e interés, especialmente en lo que hace referencia a las relaciones con la UE.
La ley establece que el Govern apruebe cada cuatro años un plan estratégico y cree una comisión interdepartamental de acción exterior, y reclama al Estado que la Generalitat participe en la negociación de tratados y convenios que sean de su interés o competencia, además de definir las relaciones bilaterales con otros gobiernos.