La decisión fue tomada por la juez de Instrucción 32, Rosa María Freire, después de tomar declaración esta semana a la gerente de la formación, Carmen Navarro, y al responsable entonces de los servicios informáticos, Javier Barrero, por un posible delito de daños informáticos y encubrimiento.
El PP tendrá que designar a la persona encargada de representarle al ser el primer partido que es investigado como persona jurídica tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal --impulsada por el exministro 'popular' Alberto Ruiz-Gallardón-- que amplía a las organizaciones las responsabilidades penales.
Navarro aseguró ante la juez que los dos ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede nacional no tenían clave de acceso y estaban vacíos y que, una vez comprobado esto, decidieron proceder a un protocolo de borrado y formateo para asignarlo a otra persona, siguiendo el protocolo que ella misma instauró al asumir la gerencia en 2010. Javier Barrero, por entonces responsable de informática, negó en su declaración que existiera dicho protocolo.
Bárcenas, por su parte, sostuvo ante la juez que en sus ordenadores había recibís que afectaban a "determinados sujetos del PP" y una carpeta sobre los pagos a Libertad Digital relacionados con la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP, además de "documentos que afectaban a la campaña electoral".