En un auto con fecha de 18 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, y que se basa, en parte, en la declaración de Emilio Pascual --gerente del PP en Ourense hasta 2010--, la jueza sostiene que en esta operación colaborarían empresas investigadas en el marco de la 'Operación Pokémon', tales como PAU, Sermasa y Aguagest, que habrían abonado supuestamente gastos del PP.
De Lara demanda que se libre oficio tanto a Planos como a Telemiño para que faciliten las facturas emitidas desde 2003 hasta la actualidad a varias empresas y personas, entre las que se hallan el presidente del PP de Ourense y de la Diputación, Manuel Baltar; y el vicepresidente del Parlamento y diputado popular ourensano, Miguel Santalices.