El PP y el PSOE han decidido reactivar la tramitación parlamentaria de sus respectivas proposiciones de ley para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad sobre reformas estatutarias, todo ello con el objetivo de que pueda aprobarse en las Cortes Generales antes de las elecciones generales previstas para noviembre.
Los dos partidos mayoritarios registraron esas iniciativas el mismo día, en enero del pasado año, y al mes siguiente fueron tomadas en consideración conjuntamente por el Pleno del Congreso, pero desde entonces se fueron sucediendo las prórrogas del plazo de enmiendas, de tal manera que han cumplido más de un año hibernando en la Cámara Baja.
El pasado mes de febrero el PP sondeó al PSOE para retomar la reforma y, tras dejar pasar las elecciones andaluzas y municipales, se ha acordado reactivar la tramitación. Así, este martes se ha puesto fin al plazo de enmiendas de totalidad, que se debatirán la próxima semana en el Pleno, y después se tendrán que presentar las enmiendas parciales.
El objetivo es que la reforma se remita al Senado antes del verano para de enviar el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la disolución de las Cortes Generales, informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
DOS TEXTOS BREVES Y MUY PARECIDOS
Las dos proposiciones de ley, de redacción muy parecida, tienen por objeto reformar la Ley del Tribunal Constitucional con el fin de que se pueda interponer recurso previo de inconstitucionalidad a reformas estatutarias antes de que sean sometidas a referéndum, con el fin de evitar lo que sucedió con el Estatuto catalán, cuestionado por el TC tras haber pasado por las urnas.
El recurso previo de inconstitucionalidad, que inicialmente podía utilizarse frente a todas las leyes del Gobierno, estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales.
La iniciativa del PP pretende cambiar dos artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para volver a incluir entre sus funciones el control previo de la constitucionalidad de Tratados Internacionales y Estatutos de Autonomía.
SÓLO TRES DÍAS PARA RECURRIR
Su idea es abrir un plazo "extremadamente breve" de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
Cuando resuelva el Tribunal Constitucional, al que el PP no pone plazo máximo para pronunciarse, los preceptos declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos. Eso sí, esta sentencia previa no impedirá que se pueda recurrir después el desarrollo del resto de la reforma estatutaria.
Para asegurar que no tiene efectos retroactivos, el PP establece la "inaplicabilidad" del mecanismo del recurso previo a las reformas estatutarias que se encuentran actualmente en tramitación; Sólo se usará para aquellas que arranquen después de la entrada en vigor de la reforma.
La proposición de ley del PSOE limita el recurso previo a las reformas estatutarias, sin mencionar los tratados internacionales, pero es muy similar a las del PP e incluso coincide en el plazo de tres días para poder recurrir, que comenzarían con la publicación en el Boletín de las Cortes Generales del texto estatutario aprobado. Eso sí, el PSOE pone topes al TC reclamándole que resuelva el recurso previo de inconstitucionalidad en un plazo máximo de seis meses desde su interposición.
El recurso previo de inconstitucionalidad tiene detractores en las filas nacionalistas y tanto CiU como el PNV se han apresurado a presentar textos alternativos a los presentados por PSOE y PP.
Así, el PNV propone excluir a los Estatutos de Autonomía de la posibilidad de ser declarados inconstitucionales por el TC, alegando que son leyes orgánicas especiales que requieren de pacto entre Parlamentos. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha dicho tener "la sensación de que ante el Parlamento abierto que se vislumbra para la próxima Legislatura de Cortes Generales, los dos grandes partidos españoles quieren dejarlo todo 'atado y bien atado' antes de las próximas elecciones".
Por su parte, CiU aboga por reservar el recurso previo de inconstitucionalidad para todas las leyes orgánicas, incluyendo los estatutos de autonomías que no exijan la celebración de referéndum para su ratificación, lo que libraría a un hipotético nuevo Estatut de ser examinado por el TC.