El presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) Luis Pineda ha renunciado a declarar a petición propia el próximo 1 de junio y ha justificado su cambio de postura en que está nervioso y desazonado, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Pineda solicitó la comparecencia en una carta enviada el pasado 3 de mayo al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desde la cárcel de Estremera (Madrid), en la que se ofrecía a darle "detalles" sobre su actuación y comunicarle su decisión de "convocar una asamblea y disolver Ausbanc de forma ordenada, urgente y con los menores perjuicios posibles".
Pineda, cuyo nuevo abogado se instruirá en la causa una vez que se ha levantado el secreto de sumario, pedía en su misiva el desbloqueo de los fondos para afrontar temporalmente los gastos de los trabajadores y de su familia, mientras que lamentó que "miles de asuntos quedarán huérfanos en los juzgados".
La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) cerrará sus oficinas el próximo 31 de mayo y despedirá a sus trabajadores en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que entrará en vigor el próximo 20 de junio, según han informado a Europa Press fuentes de la asociación.
La plantilla cogerá las vacaciones que tiene pendientes el 31 de mayo y el 20 de junio se someterá al ERE, con 20 días por año trabajado durante un máximo de doce mensualidades. Casi 200 personas trabajan para los servicios centrales y las más de 25 delegaciones que Ausbanc tiene en toda España, realizando funciones de contabilidad, servicios jurídicos, redacción, publicidad, comunicación, asociados, distribución o recepción.
RECAUDACIÓN DE 38 MILLONES
La Unidad de Delincuencia, Económica y Fiscal (UDEF) apunta que Ausbanc recaudó más de 38,97 millones de euros procedentes de distintas entidades financieras en el periodo de diez años que ha analizado. En concreto, Ausbanc Empresas ingresó 37.033.138 euros, mientras que Ausbanc Consumo recibió 1.939.297 euros.
El grupo, presidido por Luis Pineda, llevaba a cabo prácticas "cuanto menos intimidatorias" a las entidades financieras para que le pagasen "cuantiosas" aportaciones económicas -- encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas-- a cambio de no dirigir contra ellas "campañas de desprestigio" o acciones judiciales.
Según el sumario de la causa, la base de datos nacional de subvenciones de Ausbanc refleja la concesión de subvenciones por importe superior a los 5,3 millones de euros y llama la atención de que recibiera ayudas públicas cuando estuvo excluida del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios entre 2005 y 2012, así como en 2014 por sus operaciones de carácter mercantil.
La tercera fuente de ingresos del entramado procedería de las cuotas de los asociados, que abonaban una cuota inicial de 72 euros, más otra mensual. "El grueso de Ausbanc estaría conformado por socios 'adheridos' sin derecho a votar en asambleas o realizar algún tipo de control en la actividad, de forma que serían meros convidados de piedra, en el sentido que se aprovechan de ellos para presionar como asociación de consumidores potente y poder acceder a subvenciones", dicen los investigadores.
Pedraz investiga a Pineda por delitos de fraude en las subvenciones, estafa, administración desleal, extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal; mientras que atribuye estos tres últimos a Miguel Bernad. El 18 de abril, decretó el ingreso en prisión incondicional de ambos, que comenzaron a trabajar juntos a raíz del 'caso Blesa'.
El juez sospecha que Pineda aprovechó la "cobertura" de la defensa de los consumidores para "coaccionar" a entidades bancarias, alcanzar "acuerdos económicos enmascarados" en contratos publicitarios y conseguir un beneficio "personal" utilizando en su provecho a Manos Limpias.
El dinero recaudado por Ausbanc procedía de "convenios publicitarios" así como de las subvenciones que recibía por su condición de asociación sin ánimo de lucro, señalaba el magistrado en el auto en el que les envió a prisión y en el que detallaba que la red contaba con ramificaciones internacionales en Colombia, Venezuela y EEUU. Los investigadores detectaron presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los 'ERE' y Facua.